Falta menos de un año y medio para las próximas elecciones provinciales, y los alcances de la reforma política y electoral que analiza una comisión especial de la Legislatura acapara las miradas de la dirigencia tucumana.
“Ni el gobernador, Juan Manzur, ni yo estamos a favor de la reforma de la Constitución provincial”, le ratificó ayer a LA GACETA el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, restándole chances a una alternativa que buena parte del cuerpo legislativo observa con buenos ojos.
Hace 10 días, Jaldo presidió la cuarta reunión de la comisión especial para la Reforma Política, que está integrada por más de una veintena de legisladores: los tres miembros de la mesa de autoridades de la Cámara y uno por cada partido con representación legislativa, incluidos los que funcionaron como “acoples” en 2015. Según acordaron en aquel encuentro, la prioridad estará en la revisión del sistema electoral que regirá en los comicios de 2019. De esta manera, los aspectos normativos que hacen a lo institucional -como ética pública y acceso a la información- quedarán para más adelante.
Al poner el eje en las próximas votaciones, los representantes del pueblo reabrieron un interrogante: ¿es necesario reformar la Constitución provincial para que estos cambios tengan real impacto en el cuarto oscuro?
“No creo que sea prudente”, afirmó ayer Manzur en el programa “Los Primeros”. Y añadió: “hay que ver cómo se puede avanzar con la reforma política y electoral; dentro de la ley todo, fuera de la ley, nada”.
Jaldo confirmó a este diario que piensa en idéntico sentido, ya que -entre otros motivos- para avanzar con una modificación de la Carta Magna se necesita convocar a una elección de convencionales constituyentes.
Mientras tanto, legisladores del oficialismo y de la oposición plantearon en la última reunión de la comisión especial que están a favor de revisar el texto constitucional vigente desde 2006.
El apoderado local del Partido Justicialista (PJ), Marcelo Caponio, advirtió que establecer cambios en el sistema de votación podría estar sujeto a una revisión de la Carta Magna tucumana. “No tengo dudas de que para reformar muchos institutos que incluyen lo electoral y la distribución de bancas o las facultades municipios, hay que ir a una reforma constitucional”, afirmó ante sus pares en aquella reunión.
Por su parte, Alberto Colombres Garmendia (PRO-Cambiemos) se mostró a favor de una convocatoria acotada a una Convención Constituyente. “Si el problema con la reforma constitucional es la reelección (indefinida), habrá que aclarar públicamente en los medios que ese tema queda excluido (del debate). Pero no tengamos miedo de hacer este planteo, y se lo digo al oficialismo y a la oposición”, manifestó el macrista a sus colegas.
La aliada oficialista Stella Maris Córdoba (Proyecto Popular) aportó otra idea que podría desembocar en una nueva redacción constitucional. “Me gustaría que tengamos legisladores por departamentos, y no por sección electoral”, advirtió, respecto de la representatividad popular. Y señaló que, en su opinión, cambiar la metodología del sistema de “acoples” también requeriría de una revisión de la Carta Magna.
Sin consenso
Más allá de estas posturas, en el cuerpo legislativo todavía no hay consensos. De hecho, desde la creación de la comisión especial para la Reforma Política, en octubre de 2016, hasta hoy, ese grupo de trabajo mantuvo cuatro encuentros. La próxima reunión no tiene fecha establecida, pero sería dentro de unos 20 días. Para entonces, los legisladores deberán haber presentado por Mesa de Entradas de la Cámara sus iniciativas, dándole prioridad a aquellas referidas a lo electoral.
Según anunció Jaldo, la comisión especial debería arribar a las conclusiones finales a mediados de año, por lo que restaría poco más de un trimestre de trabajo. De esta forma, siguiendo los plazos previstos por el vicegobernador, el nuevo régimen de votación podrá ser implementado en la renovación de autoridades provinciales de 2019.
Por todo esto, los legisladores no tienen demasiado margen de tiempo. Sobre todo si resuelven convocar a una Convención Constituyente.
En cambio, si escogen la vía de la revisión legislativa (como la Ley de Partidos Políticos y la Ley Electoral, entre otras normas vigentes), las modificaciones que vayan a implementarse saldrán del recinto de calle Muñecas 951.
Aún así, este camino tampoco es corto ni sencillo, ya que el anteproyecto de la comisión especial de la Reforma Política requerirá luego de los dictámenes de los comités permanentes de la Legislatura, como Asuntos Constitucionales e Institucionales y Legislación General, entre otros. Entonces, el nuevo régimen podrá ser sometido a consideración del cuerpo legislativo. Por ahora, ese es el rumbo que prefieren Manzur y Jaldo.