Le revocaron la prisión domiciliaria a Etchecolatz: debe volver a la cárcel común

BUENOS AIRES.- La Cámara Federal de Casación Penal decidió que volverá a una cárcel común Miguel Etchecolatz (88), ex jefe de investigaciones de la Policía Bonaerense y condenado genocida, al revocarle ayer el beneficio de la prisión domiciliaria.

La decisión fue tomada por la sala IV del máximo tribunal penal, que determinó que la edad de Etchecolatz no le otorga el beneficio de la prisión domiciliaria de manera automática, y consideró que sus problemas de salud pueden ser tratados dentro del sistema penitenciario.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, reaccionó a la decisión judicial señalando que se dio gracias “al clamor, no sólo de los vecinos de la casa lujosa que ocupaba, sino también a toda la sociedad, que sabe la clase de persona es y los errores y delitos graves que ha cometido”.

Con el fallo, que tuvo dos votos a favor, por parte de los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, y uno en contra, de Juan Carlos Gemignani, se revocó la decisión del Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) 6, que había dispuesto el arresto domiciliario para el represor por motivos de salud.

En los informes incorporados al expediente “no se advierte impedimento alguno para que el nombrado permanezca en un establecimiento penitenciario, recibiendo atención médica, el tratamiento y los controles que sean necesarios para atender sus patologías”, sostuvo Borinsky en su voto.

Carlotto expresó que “(Etchecolatz) deberá volver tras las rejas porque cometió delitos de lesa humanidad de una gravedad absoluta, por lo tanto no se le debe contemplar ningún tipo de privilegio”. Y aclaró: “es un delincuente feroz; no estamos hablando de cualquier preso social que por razones humanitarias le corresponde estar en su domicilio”.

La titular de Abuelas le había manifestado al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, la responsabilidad del Gobierno sobre la causa de Etchecolatz. El reclamo fue presentado ante la Cámara de Casación, por el abogado Pablo Llonto y la fiscal de la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones de los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, Ángeles Ramos. (Télam)