Falta una seria política carcelaria

“Un espacio que no puede definirse como espacio de identidad ni como espacio relacional ni como espacio histórico, definirá un no lugar”. La definición del antropólogo francés Marc Augé, contenida en su libro “Los no lugares. Espacios del anonimato” (1993), es una síntesis acabada de los sitios destinados a alojar detenidos en Tucumán.

El pasado jueves 8, LA GACETA publicó en primera plana la imagen sobre la ominosa situación en que se encontraban los presos de la comisaría 11. En una celda con capacidad para ocho personas había 33. El hacinamiento se completaba con los desbordes cloacales, cuyos efluentes ingresaban al calabozo. El resultado de tanta ignominia se podía ver en la piel de los reclusos, que presentaban evidentes patologías cutáneas.

Salvo por las paredes y el techo, resultado de la intervención humana, nada hay de antropológico en un sitio como ese. Los seres humanos no están tratados allí como tales. Esos “no lugares” son, al decir de Augé, enclaves anónimos para hombres anónimos, ajenos por un período de tiempo a su identidad y a su origen.

El problema, entonces, es vasto. Profundo. Y duradero. Hace dos años, por caso, el Poder Judicial de Tucumán advirtió que la situación carcelaria era insostenible y reclamó al poder político una solución urgente. La Justicia advirtió, además, que no podía haber presos en las comisarías. El Gobierno tucumano (con un patrón que ya es cultural en las administraciones tucumanas) declaró una triple emergencia en política carcelaria, en seguridad y en materia de adicciones. Fue convertida en ley en septiembre de 2016.

Dos años después, y frente a la ominosa situación de los detenidos en la comisaría 11, el Gobierno vuelve a actuar por reacción. Da a conocer, ahora, que construirá 500 celdas. Coyunturalmente, y aunque se trata de un anuncio, no deja de ser una buena noticia. Pero el problema de fondo es mucho más profundo. En Tucumán ya hay 770 reclusos en las comisarías. Con el medio millar de celdas se descomprimirán las seccionales, pero se seguirá incumpliendo la pauta judicial de que no deben ser usadas para alojar reclusos.

Más aún: en la crisis carcelaria dos elementos centrales son el recrudecimiento de la inseguridad y el número creciente de detenidos. A ello se suma que la Legislatura acaba de convertir en ley esta semana la aplicación de la prisión preventiva para “motochorros” y “escruchantes”, lo cual hará crecer el número de reclusos. ¿Qué seguirá, entonces? ¿La mera construcción de más pabellones?

Que las autoridades vayan detrás de los acontecimientos revela la falta de un programa serio que aborde la problemática de manera. Al ejemplo lo ha brindado el propio Poder Ejecutivo tucumano. El Ministerio de Seguridad dio a conocer recientemente que el año pasado concluyó la construcción de un pabellón para albergar a 200 presos, pero no estaba en funcionamiento porque la Provincia no contaba con un cuerpo de guardiacárceles capacitados.

Es tiempo de diseñar políticas de Estado serias para uno de los problemas más serios que afronta Tucumán. Un problema que confronta a la Provincia y la sociedad con la noción misma de progreso.