La Corte ordenó al PE medidas urgentes por la crisis carcelaria

La Corte Suprema de Justicia (CSJT) ordenó al Poder Ejecutivo (PE) la clausura de la seccional 11 y de la Alcaldía de la Dirección de Investigación Criminal y Delitos Complejos (ex Brigada) como lugares de detención, y el traslado de los detenidos a inmuebles que cumplan los estándares del derecho penitenciario. Además, el máximo tribunal de la provincia dispuso que en 30 días, como plazo máximo, el Gobierno deberá habilitar “plenamente” la unidad X del penal de Villa Urquiza para mudar a ese espacio a las personas con prisión preventiva firme.

Estas medidas fueron confirmadas a través de una Acordada de la CSJT, con fecha del 15 de este mes, entre otras disposiciones que apuntan a revertir la crisis carcelaria en la provincia, marcada por el hacinamiento de reclusos en dependencias policiales y “el estado calamitoso de la infraestructura en las comisarías”.

Reubican a presos de dos comisarías colapsadas

¿Tiempos diferentes o acuerdo? La Corte dio a conocer esta resolución 24 horas después de que el Gobierno anunciara, justamente, la reubicación de los detenidos alojados en la comisaría 11 y en la ex Brigada de Investigaciones, y un plan de ampliación del penal de Villa Urquiza.

El ministro de Seguridad, Claudio Maley, informó el jueves que habían iniciado la reubicación en otras comisarías de 16 personas detenidas en la comisaría 11 y de 40 alojados en la ex Brigada. El Ejecutivo, a su vez, tiene previsto obras de refacción en esas dependencias.

En febrero pasado se registró un motín por las condiciones de hacinamiento en la comisaría ubicada en avenida Benjamín Aráoz al 1.000, en la capital.

La Corte ordenó, en el marco de las denuncias de fiscales de instrucción, (Hábeas Corpus Correctivo) una serie de medidas urgentes y necesarias mientras se “sientan las bases para avanzar en decisiones definitivas y a largo plazo” para solucionar la emergencia carcelaria.

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“Agravado”

El máximo tribunal tuvo en cuenta para elaborar su dictamen un informe de la Oficina de Oficina de Derechos Humanos y Justicia presentado el 1 de este mes, que señaló el agravamiento en varios casos de las condiciones de las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad, en las dependencias oficiales. Este trabajo remarcó, entre otros puntos, que en la Regional Capital y en la Dirección General de Investigaciones el hacinamiento superó hasta un 395% de la capacidad.

Con relación a la comisaría 11 (inhabilitada en 2015 y luego rehabilitada), la Corte recordó que esa dependencia debía albergar no más de cinco personas, dadas las condiciones del arresto, pero a través del informe constató la permanencia de 32 personas, entre otros datos relevados.

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Los datos de la Oficina de Justicia coincidieron con los de otro informe, el de la Dirección de Protección de los Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. El último estudio había sido presentado antes del judicial y se había realizado sobre 10 comisarías y dos brigadas. También remarcaba la crisis en el sistema penitenciario:

- Describió el alarmante nivel de hacinamiento de personas privadas de la libertad en las dependencias de la Policía.

- Estado de infraestructura “calamitoso” de esas dependencias.

- La ausencia de ventilación y de luz natural o artificial.

- El incumplimiento del servicio de alimentación ordenado por la Corte. Falta de higiene y limpieza en los lugares de detención. “Deplorables” condiciones para el descanso y falta de seguridad en el edificio.

- Ausencia de protocolos para las entrevistas de la defensa técnica, como también de criterios uniformes en el régimen de disciplina y la provisión y administración de medicamentos.

- Falta de recreación y esparcimiento para las personas procesadas, entre otras situaciones que ya habían sido advertidas por la Justicia tiempo atrás.