Habrá más controles en la entrega de viviendas sociales

A raíz de diversas irregularidades en la asignación de viviendas sociales construidas con fondos nacionales, desde la Casa Rosada definieron adelantar la puesta marcha del registro único de beneficiarios de programas habitacionales.

Tal como lo había adelantado hace una semana el secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr, en su visita a Tucumán, el objetivo de la gestión del presidente, Mauricio Macri, es garantizar que los $ 31.000 millones que la Nación destinará este año a los programas de viviendas “lleguen efectivamente a quienes lo necesiten”.

El anuncio fue transmitido esta semana por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a los institutos provinciales de vivienda de todo el país, reunidos en San Juan en el último encuentro del Consejo Nacional de Vivienda.

Según funcionarios de la cartera de Vivienda de la Nación, se implementarán dos medidas. Por un lado, se centralizará el control de los fondos que reciben los gobierno provinciales para la construcción y la asignación de viviendas sociales.

La acción apunta también a evitar que se saque rédito político con la construcción de viviendas. Desde Nación informaron que, si bien las casas financiadas por el Estado nacional están previstas para aquellos que no pueden acceder a un crédito, a menudo los beneficiarios son de clase media.

La segunda medida es la implementación de la Base Única de Beneficiarios (BUB) de Viviendas Sociales, como parte del Plan Nacional de Vivienda. El Gobierno cruzará los datos que envíen las provincias con otras bases de organismos como la Anses, AFIP, el Banco Central o el Registro Nacional de las Personas. Ahí se podrá cotejar si los interesados ya tienen otra propiedad, si la tuvo y si recibe planes sociales.

El macrismo busca revertir las cifras del déficit de vivienda mediante el incentivo a los créditos hipotecarios. La Nación destina presupuesto para construir 30.000 o 40.000 viviendas al año, pero las dificultades para acceder a créditos hipotecarios obligan a que, según Kerr, el Estado deba construir 200.000 casas por año.

“Lamentablemente hoy la totalidad de los recursos del Fonavi no van a la construcción de viviendas. Pero celebramos la decisión de los gobernadores y del Presidente de condicionar estos fondos para hacer más y mejores viviendas para los argentinos”, insistió Frigerio.

“Les pedimos a las provincias que adhieran a esta resolución que hemos acordado para brindar más transparencia a la ciudadanía. Queremos una política de vivienda orientada a la demanda, y le exigimos a las provincias que para poder adjudicar viviendas, tiene que facilitarnos las bases de los beneficiarios o seleccionados”, afirmó Kerr a LA GACETA.

Este año el presupuesto de Vivienda e Infraestructura alcanza los $ 15.000 millones, a dividirse entre las provincias. A esto se le suman $16.500 millones del plan Fonavi. Según datos del Ministerio del Interior, 84.000 viviendas se encuentran en ejecución en todo el país.

La postura de Casa Rosada es firme: aquellas provincias que no se adhieran a la resolución que los obliga a dar sus listados de beneficiarios no recibirán el financiamiento.

Las irregularidades que obligaron a la Nación a tomar estas medidas, según LaNación.com, ocurrieron en seis provincias: Buenos Aires, Jujuy, Tucumán, San Juan, Chubut y Río Negro.

En Jujuy, entre 2004 y 2015, el ex Ministerio de Planificación Federal (encabezado por Julio De Vido), suscribió seis convenios para la construcción de viviendas con cooperativas de trabajo pertenecientes a la Tupac Amaru. Hasta la fecha existe un faltante de 1.827 viviendas, por un valor de $ 716 millones.

En Buenos Aires, en junio de 2016, vecinos de La Plata denunciaron que un barrio construido con fondos nacionales estaba inconcluso, porque se entregaron 723 de 1.200 viviendas.

En el caso tucumano, se investiga una presunta asociación ilícita en el cobro de un adelanto, que iba de $ 4.000 a $ 100.000, para la asignación de viviendas sociales.