La Corte Suprema le puso plazos al Gobierno para que resuelva la crisis carcelaria

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán le puso plazos al Gobierno para que resuelva la crisis carcelaria que afecta a la provincia. Lo hizo mediante un fallo que se dictó en el marco del hábeas corpus correctivo que ese cuerpo había emitido en 2015 por el mismo problema.

Aquel año, los fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila habían presentado un hábeas corpus correctivo denunciando la emergencia en el Penal de Villa Urquiza y en otras sedes policiales. Hace algunos días, el tema volvió a tomar relevancia luego de un motín en la seccional 11ª, durante el cual los reclusos denunciaron las malas condiciones en las que estaban alojados.

En el fallo del máximo tribunal se ordena que la seccional 11ª y la Dirección de Investigaciones sean clausuradas para el alojamiento de detenidos. Además, le otorga un plazo de 30 días al Poder Ejecutivo para que habilite la unidad 10 del Servicio Penitenciario. Allí deberán ser alojados los detenidos con prisión preventiva firme y, de esa manera, descomprimir las seccionales 1, 4, 8, 12 y 13.

La Corte otorgó, además, 72 horas a al Poder Ejecutivo -a partir de la notificación- para informar detalladamente la situación de salud de la totalidad de las personas que están alojadas en las seccionales 1, 4, 8, 12 y 13, donde se encuentra el mayor porcentaje de sobreocupación, alcanzando un total aproximado de 300 detenidos. "Dicho informe deberá ser presentado ante la Secretaría Judicial de esta Corte debiendo actualizarlo semanalmente", se informó.

Piden la clausura de una comisaría donde los presos dormían en medio de líquidos cloacales

En el fallo, la Corte Suprema tamibén convocó al Poder Ejecutivo para una audiencia el 27 de marzo, para que presente un plan que contenga: un diseño integral y único con las necesidades que tendrá la Provincia en material carcelaria al año 2020; las medidas adoptadas para resolver la permanencia de personas en comisarías; el cronograma para aumentar el número de guardias penitenciarios; el plan para sanear problemas de higiene, falta de agua y de iluminación; y la forma en que se pretenden prestar adecuadamente los servicios médicos, entre otros.

Hace dos años, la Corte Suprema de Justicia había dictado un habeas corpus porque había 700 presos en comisarías. Hoy hay 770. "La Corte convocará a las autoridades para una audiencia con la intención de dar solución definitiva al problema de la emergencia penitenciaria”, había dicho el máximo tribunal de la provincia.

Así quedará la cárcel, luego de la ampliación que se hará para alojar a los detenidos en comisarías

Por su parte, la fiscala Adriana Giannoni, dijo la semana pasada que se iba intensificar el control de lo que sucedía en las comisarías desbordadas de detenidos.

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El Gobierno provincial anunció ayer que planea ampliar el penal de Villa Urquiza para trasadar hacia allí a los presos que están en las comisarías. En los últimos años, desde la Justicia y desde distintos organismos civiles, se viene denunciando que las comisarias de Tucumán están colapsadas. En general, alojan mucha mayor cantidad de detenidos que lo que permite su capacidad. Además, las condiciones edilicias son muy malas.

Como consecuencia de esta crisis, la Provincia anunció que va a encarar la construcción de cinco nuevos módulos en el penal de Villa Urquiza. Tendrán capacidad para 90 celdas individuales. El objetivo es terminar la obra en unos seis meses y que sean los mismos presos los que trabajen en las construcciones de los pabellones.