Un representante de los jueces del país afirma que los veedores afectan la autonomía provincial

La Federación Argentina de la Magistratura y de la Función Judicial (FAM) había rechazado a los observadores que la Nación envió al Poder Judicial de Tucumán en noviembre y volvió a hacerlo ayer, por medio del nuevo presidente de la entidad, el juez santafesino Ariel Ariza. El representante de la judicatura del país coincidió con Germán Garavano, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en cuanto a que los magistrados deben ser transparentes y rendir cuentas de sus actos, pero discrepó en los modos de conseguir esos resultados. Según el titular de la FAM, sólo cabe usar los mecanismos institucionales locales. “La veeduría de la Nación no es compatible con la preservación de las autonomías provinciales”, dijo ayer en una entrevista concedida en la sede de la Asociación de Magistrados de Tucumán, entidad que en diciembre objetó a los veedores Ana Colombres Garmendia y Juan Roberto Robles.

Durante su primera visita a esta ciudad como titular de la Federación, Ariza se reunió con el gobernador Juan Manzur en el Poder Ejecutivo y con los vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en el Palacio de Justicia. Además, conversó con la conducción de la Asociación que encabeza la camarista Marcela Ruiz. Ante LA GACETA, Ariza se presentó como un magistrado con carrera judicial completa (fue empleado y funcionario) y como un dirigente preocupado por la falta de confianza de la sociedad en la Justicia. Según su criterio, los jueces están esforzándose por recuperar el prestigio perdido.

-¿Considera que la pretensión de la Nación de observar 33 procesos judiciales menoscaba la independencia de la judicatura, como dijo el Gobierno de Tucumán?

-La veeduría no es compatible con la preservación de las autonomías provinciales. Pensamos que afecta el derecho de la Provincia a darse sus propias reglas.

-¿La Nación instaló veedores en otros poderes judiciales del país?

-No tengo información en ese sentido.

-¿Por qué cree que la Casa Rosada aplica esta política sólo en Tucumán?

-No dispongo de elementos para opinar porque no surgió nada en la charla que tuvimos sobre este tema con el secretario de Justicia de la Nación, Santiago Otamendi.

-Garavano dijo que los veedores únicamente buscaban colaborar para que haya transparencia y rendición de cuentas respecto de una serie de causas objetadas...

-Por supuesto que los jueces tienen que rendir cuentas y ser transparentes, pero, para eso, hay que usar los mecanismos provinciales correspondientes.

-¿Qué pueden hacer los ciudadanos cuando los mecanismos institucionales locales no funcionan o no reaccionan?

-Hay diversas alternativas y las provincias disponen de recursos suficientes. En términos procesales incluso se puede llegar a la revisión del caso en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

-La Encuesta Nacional de Victimización del Indec dice que los tucumanos son los que más conocen a sus jueces y fiscales, y los que les asignan la nota más baja. ¿Cómo se revierte esto?

-La encuestadora OPSM a cargo del consultor Enrique Zuleta Puceiro viene haciendo un estudio sobre el desempeño de la Justicia. Este trabajo ha dado valores muy insatisfactorios o insatisfactorios que dependen de la confianza de los ciudadanos en la independencia. En el último informe la desconfianza se ha acentuado en algunos casos y ello es preocupante: es un poco la percepción que tuvo la Corte de la Nación cuando, a comienzos de este mes, convocó a hacer ciertos cambios desde el propio Poder Judicial. Hay que recuperar la confianza social en los jueces a partir de diferentes acciones, entre ellas la comunicación. Muchas transformaciones ya se dieron en las provincias y no en la Nación, y son muy positivas. Debemos hacer reformas, pero también transmitir las modificaciones que no se conocen en materia de ampliación del acceso a la justicia; de violencia familiar; de oralidad en los fueros penal; civil y comercial, y laboral, etcétera.

-En Tucumán escasean los magistrados. Frente a esto, el oficialismo optó por incorporar jueces transitorios externos o subrogantes, que carecen de estabilidad. ¿Qué opina al respecto?

-Cada provincia se da su método de selección de magistrados. Y no hay uniformidad. La discusión sobre cuál es el mejor modo de elegir a los jueces no termina nunca. En general hay dos problemas: la posible influencia política-partidista, que nosotros propendemos a evitar, y la demora del trámite en sí y en los poderes ejecutivos. Advertimos que en varias provincias hay demoras superiores a un año. Entretanto, se acumulan las vacantes y en cada jurisdicción esto generó una respuesta diferente, como la de los jueces suplentes escogidos entre los concursantes de los consejos de la magistratura. Ello permite cubrir un juzgado, pero no es una solución definitiva.

-¿Y qué dice en cuanto a la independencia?

-La judicatura provisoria es un paliativo, no lo que la Constitución establece como aspiración.

-El régimen de destitución de jueces vigente en Tucumán desde 2006 nunca ha funcionado por problemas de diseño. Y ha habido numerosas denuncias de mal desempeño de magistrados. ¿Cómo ve esta situación?

-Francamente no puedo decir que esa falta de control se dé. Creo que atañe a los interesados resolver la cuestión de la responsabilidad de los magistrados.

-En tren de recuperar la confianza pública, ¿los jueces nombrados antes de enero de 2017 no deberían también pagar ganancias?

-Se trata de un tema que debe resolver el Congreso de la Nación.

-¿Los magistrados son corporativistas?

-El asociativismo de los jueces empezó hace más de medio siglo y su objetivo persiste: la defensa de la independencia judicial. La práctica demuestra que, frente a interferencias externas, las asociaciones de magistrados son las que dan la respuesta más rápida y categórica, y menos condicionadas por los contextos políticos. Por supuesto que debemos cuidarnos de tener únicamente una mirada sectorial. En este sentido, se está logrando reconocer la necesidad de acercanos a la ciudadanía. Las 24 jurisdicciones del país que integran la FAM emitieron una declaración de principios que apunta a mejorar el funcionamiento de los sistemas judiciales y la comprensión de los reclamos de la sociedad. Los jueces trabajamos para que no exista esa idea de corporativismo.