Los motivos por los que la inseguridad se termina imponiendo en Tucumán

El espanto es tan grande que terminó de dividir a una sociedad que se siente o cree ser dueña de la vida de los demás. Que un niño de 12 años haya fallecido en un violento episodio con la Policía horroriza. Pero es mucho más grave que los tres poderes del Estado se mantengan indiferentes a la escalada de violencia que se vive en la provincia. Y con ese silencio cómplice y aberrante alimentan el alma de todos aquellos que creen que con sangre, con leyes más duras o con cárceles superpobladas se solucionará la inseguridad.

El PE sigue pensando que este drama se resolverá únicamente con mayor presencia policial en las calles o aplicando mano dura a los que cometen delitos. No entienden que hace falta un trabajo multidisciplinario para acabar con el problema. “Sabíamos que si no dejaba las drogas terminaría con un tiro en la cabeza”, dijeron los familiares de Andrés Ledesma, un joven de 18 años que fue asesinado en Villa 9 de Julio minutos después de haber arrebatado una cartera. A él lo persiguieron desconocidos y le dispararon en la cabeza. En sus manos tenía el botín que habría conseguido en Alderetes. El 90% de los detenidos que llegan a tribunales confiesan ser adictos. Pero en esta bendita provincia sigue sin haber un centro de recuperación para atender a todos aquellos (no a unos cuantos) que roban para seguir drogándose. Quizás tratándolos se podrían reducir algunos índices de delitos. Pero nuestros funcionarios no lo entienden así, o mejor dicho no lo quieren ver.

Chance histórica

El vicegobernador Osvaldo Jaldo, el mismo que defendió al comisario Alfredo Antonio Pineda cuando fue detenido por haber ingresado ilegalmente a la casa de un supuesto ladrón y herirlo de un balazo en la pierna, desperdició una chance de hacer historia con los $240 millones que logró ahorrar en la Legislatura. Con esa suma, que en definitiva es de todos los tucumanos y que es de uso discrecional, podría haber construido 19 centros para la recuperación de adictos, teniendo en cuenta que el Cepla de la Costanera, que nunca se terminó de hacer por desidia de las autoridades, tiene un presupuesto de $12,5 millones. Tampoco decidió utilizar esa suma invirtiendo en los policías a los que tanto apoya.

El ministro de Seguridad Claudio Maley reconoció en su visita al edificio de Muñecas al 900 que los chalecos antibalas de la fuerza no sólo son insuficientes, sino que los 450 que existen están vencidos. Se necesitan unos $49 millones para adquirir los 4.500 que requieren los azules para salir seguros a la calle, aunque todavía está a tiempo de hacerlo. Políticamente era más redituable anunciar que se haría cargo del boleto estudiantil de los alumnos del Gran San Miguel de Tucumán.

En lo que va del año LA GACETA publicó que se produjeron 32 homicidios (casi un 20% más que en igual período de 2017) de los cuales ocho (el 25%) se produjeron en cinco días. En esa lista aparecen los nombres de Zoylo Gerez (ultimado hace exactamente una semana en Los Pereyra) y Juan José Gómez (acribillado el viernes en El Colmenar) algo que a muchos no les llamó la atención. Un fino y polémico hilo une a las dos víctimas. Ambos, según los investigadores, habrían sido ultimados por familiares o allegados de las personas que habrían matado, hechos por los que nunca recibieron una condena, ya que esperaban ser enjuiciados desde hace varios años.

Estos casos no son una detención civil o una paliza supuestamente aleccionadora para que nunca más volviesen a cometer un delito. Detrás de estos hechos hay toda una planificación que pudo demorar semanas y hasta meses, pero por sobre todas las cosas, hay un claro y peligroso mensaje que el Poder Judicial no puede desconocer: la ciudadanía está haciendo justicia por mano propia porque entiende que en los tribunales no le están dando respuestas.

Otro parche

Y en medio de estos lamentables sucesos, por pedido del ministro fiscal Edmundo Jiménez, con el guiño favorable de la Corte Suprema de Justicia, y con el apoyo de todos los legisladores, se aprobarán leyes más duras contra los “motochorros”, los “arrebatadores”, los “rompevidrios” y los “escruchantes”. Sin dudas que ese será un buen título para todos aquellos que pretenden más seguridad.

“No se necesitan más leyes, sino que se las hagan cumplir”, dijo hace más de un año una fiscala que sabe que estos son parches jurídicos que están condenados al fracaso. Después: ¿dónde alojarán a todos los detenidos con estas nuevas normas? ¿Nadie pensó en la crisis carcelaria o reflexionó que la situación es peor que la de 2015 cuando la Corte dictó el hábeas corpus que nunca se respetó? ¿No entienden los legisladores y los funcionarios judiciales que cuanta más gente se encierre, menos personal habrá en la calle porque los policías están más ocupados cuidando presos que a la ciudadanía? Evidentemente, no se respondieron esas preguntas.

Ni siquiera la confirmación de que en la provincia se construiría una cárcel federal trajo algo de esperanza. Ese fue un pedido que hizo Regino Amado, con el apoyo de legisladores oficialistas y opositores, hace casi dos años, pero que nunca prosperó porque el gobierno de esta provincia no es del mismo color que el de la Nación.

Y cuando se lo hizo, hubo una puja entre la senadora Silvia Elías de Pérez y allegados a José Cano que están vinculados al Plan Belgrano para hacer el anuncio. Y lo más llamativo es que se trata de dos proyectos diferentes y que, en este caso, el de la parlamentaria era el que se había aprobado. Con todas estas idas y vueltas, polémicas estériles, medidas efectistas y, por sobre todo, intereses políticos de por medio, siempre terminará ganando la inseguridad.