Formas de presionar a un juez

¿Cuán voluminosa será la cuenta que Facundo Maggio adeudará al oficialismo si el jueves este lo convierte en juez de Instrucción en lo Penal Nº2 de San Miguel de Tucumán? Un príncipe del foro hacía números ayer: doble nombramiento del Gobierno; más rechazo de militantes de derechos humanos con Estela de Carlotto a la cabeza de la gesta; más causa “Teves” y vínculos de parentesco ostensibles con Edmundo Jiménez, quien sería no ya el arquitecto sino una clase de CEO de la Justicia provincial. La suma arroja un resultado inconfesable. En términos de autonomía frente al poder que lo nombró, ¿sería Maggio como juez asimilable a Juan Francisco Pisa, el todavía titular del Juzgado Nº3, o buscaría diferenciarse como lo hizo Enrique Pedicone, el camarista con prosapia peronista? Cabe la pregunta porque lo que ha pasado una vez puede volver a suceder, máxime cuando, en contraste con los subrogantes, Maggio dispone de todas las garantías para ser independiente.

Son hartas y cada vez más abiertas las formas contemporáneas de presionar a un juez: dicen los que saben de esas lides que antes todo se manejaba con un “llamadito” oportuno. Llegaba un punto que ya no hacía falta hacerlo porque, a fuerza de instrucciones particulares, el magistrado había comprendido el mensaje general. Da la impresión de que ese modus operandi recostado sobre el tiempo ha sido desplazado por procedimientos directos y acordes al “efecto pedagógico Comodoro Py”, que en esencia consiste en un malestar social creciente con la Justicia que se ensaña con los vulnerables -marginales adictos- y protege a los poderosos. Así como esa tortilla empezó a darse vuelta en los Tribunales porteños a partir del acceso de Cambiemos a la Casa Rosada, así también puede darse vuelta en Tucumán. Está visto que, en el afán de subsistir, los jueces que fomentaron la impunidad son perfectamente capaces de encarcelar a los políticos, sindicalistas y empresarios que antes tutelaban.

El “efecto pedagógico Comodoro Py” explicaría la jibarización de riesgos en cuanto al ejercicio de la potestad de cubrir vacantes judiciales. La cercanía manda y no sólo para el fuero penal. En la bio de Leonardo Toscano, que asumirá en el Juzgado del Trabajo Nº6 de la capital, consta que trabajó en el Poder Ejecutivo junto a Jiménez cuando aquel era ministro de Gobierno y Justicia, y que es sobrino de Eudoro Albo, juez vinculado a la hermana y a la esposa fallecida del CEO, además de colega de cátedra de Maggio y de su cónyuge, Eloísa Rodríguez Campos Jiménez. Esos vínculos saltan o asaltan entre los que logran acceder a la judicatura, pero también, aunque con sentido contrario, entre los candidatos que son despreciados.

En pos de infligir el octavo veto a Carlos López, el secretario de la extinta Fiscalía Anticorrupción, y de colocar a Maggio en el estratégico Juzgado Nº2 (que por algo lleva seis años acéfalo), el Gobierno del médico creó un pantano institucional tan pestilente como el que enferma a los vecinos de Los Vázquez, y comunicó que, por la repetición de postulantes, no iba a poder cubrir nada más ni nada menos que tres fiscalías de Instrucción en lo Penal de la capital. No queda más remedio, según el Poder Ejecutivo, que devolver las ternas al Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Con esa naturalidad provocó una incertidumbre desconocida en la tierra de la institucionalidad detonada. No sólo sucede que la ley (Nº 8.197) no considera la posibilidad de reintegrar tercetos sino que aquella ordena al Gobierno agotar el listado de ternados (artículo 16), cosa que no ocurrió respecto del aspirante Pedro Gallo y sí, por ejemplo, en relación con el camarista penal Luis Morales Lezica.

En la Casa de Gobierno deslizan a modo de explicación que el hijo del último fiscal anticorrupción también es hijo de la pareja de Rodolfo Novillo, el camarista en lo contencioso administrativo que más límites puso al oficialismo. Al respecto, basta con recordar que en 2016 ese juez ordenó al Poder Legislativo la entrega de los enigmáticos recibos de los gastos sociales, mandato que, ¡vaya casualidad!, los poderes políticos también procedieron a devolver. El caso de Gallo tiene otra particularidad: nunca en la historia un ternado tres veces en forma simultánea para el mismo tipo de cargo (dos en primer lugar) había sido descartado sin que el veto acarreara un nombramiento para otro candidato. Nadie ha dicho nada sobre este retroceso presentado como obra del azar: Jiménez, el jefe de los fiscales, parece haber olvidado que hasta hace días clamaba ante cuanto micrófono se le cruzara que en esta ciudad había ocho fiscalías cubiertas y una inseguridad colombiana.

En la comarca de las leyes y las decisiones judiciales de cumplimiento optativo, y de los olvidos y silencios selectivos, avanza a paso decidido la figura del juez subrogante externo o provisorio, cuya permanencia definitiva en el cargo dependerá, desde luego, del oficialismo. Es el llamado “juez a prueba”: si funciona, sigue; si no, se va. La experiencia enseña con creces qué significa “funcionar” para los gobernantes vernáculos. Y, si no, hay que mirar hacia la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, que puede dar cátedra sobre los vicios de los interinatos impulsados por la necesidad y urgencia de cubrir los cargos vacantes. El resultado de esa política de la precariedad ha sido, con matices, nombramientos provisorios eternos o, bien, concursos falsos para legitimar a los interinos. Las primeras listas de jueces precarios con más de tres opciones han corroborado, por lo pronto, la esperada ampliación de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo: lo que busca, por otras vías, para no nombrar a Gallo. No pasó inadvertido que la confección de estas nóminas de la provisoriedad fue promovida con pasión en el CAM por dos jueces vitalicios, Elena Grellet y Luis Cossio, contradicción útil en cuanto ofrece una idea sobre el estado de la división de poderes y de la independencia judicial en Tucumán.