12 Marzo 2018
EN TUCUMÁN. Carlotto fue recibida por Manzur el 27 de julio de 2017. telam (archivo)
La polémica por la pretensión del gobernador Juan Manzur de insistir con la designación de Facundo Maggio en el Juzgado de Instrucción N°2 de esta capital llegó a instancias nacionales. Firmada por su titular, Estela de Carlotto, la organización Abuelas de Plaza de Mayo envió una carta a Sandra Mendoza, presidenta la comisión legislativa de Peticiones y Acuerdos, manifestando su oposición a la designación y pidiendo su rechazo.
El organismo, dedicado a localizar y restituir a sus legítimas familias a los niños secuestrados durante la última dictadura argentina, fundamentó su postura asegurando que Maggio, a lo largo de su desempeño como legista particular, “no ha demostrado su compromiso con los derechos humanos tal como exige la importancia de la función para la cual es postulado”. En particular, Carlotto señaló su actuación en numerosos casos como abogado de militares represores, imputados por haber cometido delitos de lesa humanidad entre 1976 y 1983 (Carlos Trucco, Miguel Ángel Chuchuy Linares, Camilo Orce, Enrique Benjamín Bonificio, Ernesto Alais y Cayetano Fiorini). “(Maggio) ejerció su tarea como defensor basándose en una reivindicación del terrorismo de Estado, una revictimización de los testigos y aplicando diversas estrategias de dilación en los procesos judiciales”, aseguró la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Además, consignó como una contradicción y un eventual conflicto de intereses que Maggio haya desempañado ese rol de manera simultánea con el cargo de abogado de la Fiscalía de Estado de Tucumán. “Demostró en los hechos no estar a la altura de la función para la que se postula. Su nombramiento debe rechazarse y así lo solicitamos”, señaló. Por último, la organización declaró “bajo juramento” que no se encuentra comprendida en ninguna causal que afecte la objetividad de sus argumentos.
Según Amado, Maggio es apto para ser magistrado
Abuelas de Plaza de Mayo no es el primer organismo de derechos humanos que impugna la candidatura de Maggio. Familiares de desaparecidos y otras fundaciones ya objetaron a la comisión legislativa que preside la oficialista Mendoza el nombramiento del abogado cuestionado.
Nuestras @abuelasdifusion también se oponen a la postulación del abogado defensor de genocidas! pic.twitter.com/rUZiZeZxTj
— H.I.J.O.S. TUCUMAN (@HijosTucuman) 12 de marzo de 2018
La historia se repite
“Creo que el aspirante Maggio está descartado hacia el futuro”, había dicho Regino Amado, ministro de Gobierno y Justicia de Tucumán, en julio del año pasado. Dos meses antes, Manzur había designado al abogado como juez en la misma instrucción que esta ocasión, que estaba vacante desde 2012. Al igual que ahora, esa decisión había sumado críticas entre organizaciones de derechos humanos y legisladores opositores. Por ese motivo, el gobierno provincial terminó por desistir con su designación. Sin embargo, Amado dijo la semana pasada que insisten con la designación del letrado porque nuevos datos lo avalan.
Maggio, oriundo de Buenos Aires, se radicó en la provincia al contraer matrimonio con Eloísa Rodríguez Campos, sobrina del ministro público fiscal Edmundo Jiménez. Durante la gestión de José Alperovich, ingresó al Poder Ejecutivo en 2012 para alejarse de la polémica que generó su defensa a los imputados en el juicio “Arsenales II-Jefatura II”.
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