ONG de derechos humanos y Teves impugnan a un candidato a la magistratura

Organismos y militantes de derechos humanos, y la imputada Roxana Teves objetaron la pretensión del gobernador Juan Manzur de insistir con la designación del abogado Facundo Maggio en el Juzgado de Instrucción en lo Penal N°2 de esta capital. Las impugnaciones ingresaron a la comisión de Peticiones y Acuerdos de la Legislatura que preside la oficialista Sandra Mendoza: esa legisladora confirmó ayer que los otros cuatro nombres remitidos por el Poder Ejecutivo no habían sido objetados y que el martes dictaminarán sobre los nombramientos para que sean votados en la sesión del jueves. Forman parte del comité los oficialistas Daniel Alberto Herrera, Sara Assán, Marcelo Caponio y Zacarías Khoder, además de Mendoza, y los opositores Silvio Bellomío y Alberto Colombres Garmendia. El letrado impugnado prefirió no hacer comentarios.

La primera presentación lleva la firma de Miguel Ángel Sosa, familiar de desaparecidos; Carolina Acuña, presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Delegación Tucumán); Diego Fernández, comisionado por los derechos humanos de Tafí Viejo, y Marta Rondoletto, titular de la Fundación Memorias e Identidades del Tucumán, entre otros. Estos objetaron que Maggio, que se radicó en la provincia en 2009, se haya desempeñado como defensor de imputados en crímenes de lesa humanidad (Carlos Trucco, Miguel Ángel Chuchuy Linares, Camilo Orce, Enrique Benjamín Bonifacino, Ernesto Alais y Cayetano Fiorini). Los impugnantes dijeron que Maggio había llevado adelante estrategias de dilación: “sistemáticamente apeló al entorpecimiento de los procesos. Carece de idoneidad moral para ocupar un cargo en la judicatura provincial”. Los militantes recordaron que el aspirante había sido el primer defensor que solicitaba en la provincia la aplicación del beneficio del 2x1 reconocido en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego revertido. Esta circunstancia había llevado a Manzur a desistir de su designación el año pasado, marcha atrás celebrada por Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Teves dijo que el antecedente más relevante de Maggio era ser sobrino político de Edmundo Jiménez, ministro público fiscal. Y expresó que ella había sido “víctima del esquema que Jiménez forjó en la Justicia provincial” y que la había encarcelado para despojarla de sus bienes. “Esta designación es el claro ejemplo de instalación de amigos del poder en puestos claves para garantizar la impunidad y la aniquilación de independencia judicial”, dijo. Agregó que Maggio participaba ya de ese grupo porque es actor civil en la causa iniciada en su contra en 2009, que forma parte del listado de procesos que la Nación quiere observar: “actúa junto a los letrados de la querella, los hijos del ministro fiscal (Ana Lucía y Edmundo Jiménez -h-), sus primos políticos”. La impugnante exigió la elevación a juicio del expediente donde es acusada de delinquir contra su concubino, el empresario fallecido Augusto Severini -fue querellada por la hija de este, Carolina Severini-. Teves incluso denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que su causa no avanza (está en la Fiscalía N°8). Detalló que Maggio iba a asumir en el Juzgado N°2 “que deberá controlar el caso”. “Tenemos a un jefe de los fiscales orquestando la Justicia; a sus hijos operando como instrumentos y ahora la pretensión de que su sobrino sea el juez interviniente”, resumió.