La Nación reclama más transparencia en las obras vinculadas a la construcción de viviendas

El flamante secretario de Vivienda y Hábitat nacional, Iván Kerr, anunció la construcción del 40% de las viviendas proyectadas en 2017 para la provincia, pero cuya gestión estaba paralizada por no reunir los requisitos técnicos requeridos por la Nación. El sucesor del área que estuvo a cargo de Domingo Amaya (fue promovido a subsecretario del Ministerio de Interior) mantuvo reuniones en la provincia con las autoridades del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), de Obras Públicas, con la Cámara de la Construcción y con dos sindicatos del sector.

“Dejamos un convenio de trabajo para el futuro en el Instituto de la Vivienda, con las cuestiones que necesitamos que se modifiquen: adherir al Plan Nacional de Vivienda, cruzar las bases de datos de los beneficiarios, derogar la libre adjudicación de viviendas de programas nacionales porque deben destinarse a los más necesitados, que el financiamiento sea compartido... Son reglas claras para todos los Institutos de Vivienda del país”, explicó Kerr, rodeado de referentes y funcionarios macristas: Amaya, el diputado nacional José Cano, la senadora Silvia Elías de Pérez y el subsecretario de Infraestructura del Plan Belgrano, José Ricardo Ascárate.

El titular de Vivienda de la Nación explicó que el objetivo era avanzar con una agenda de trabajo en política habitacional en Tucumán, para que los actores provinciales del sector se adecuen al pedido de incrementar la transparencia en la asignación de viviendas sociales.

“Queremos que el Instituto de la Vivienda de Tucumán adhiera a los requisitos de los programas, para que los financiemos desde el Estado nacional. Buscamos aumentar la transparencia de las obras, las licitaciones, la competencia de precios y la incorporación de tecnología”, continuó Kerr. “Son todas medidas para garantizar la transparencia con las viviendas sociales. Esperamos que la Provincia lo haga, para poder continuar trabajando y construyendo viviendas con fondos nacionales”, interrumpió Elías de Pérez.

Viviendas para la Provincia

Kerr destacó que buscan que quienes accedan a las viviendas sociales perciban menos que dos salarios mínimos, vitales y móviles ($ 17.000), y quienes superen el techo de ingresos accedan a programas de vivienda a través de créditos hipotecarios UVA. “Queremos que la clase media no busque casas sociales; por eso la gestión del presidente (Mauricio) Macri recuperó los créditos hipotecarios”, explicó.

El titular de Vivienda nacional destacó que alcanzó un acuerdo con la Provincia y las firmas constructoras para avanzar con 400 de las 1.000 casas cuyo financiamiento se había proyectado en 2017. “Hay 400 casas que están en condiciones de ser suscriptas, por lo que firmaremos los convenios respectivos porque tienen la factibilidad técnica. Con las 600 extra exigiremos los requisitos planteados”, afirmó.

El funcionario nacional se reunió en la mañana de ayer en el Ipvdu con la interventora, Noemí Ferrioli; con la secretaria de Obras Públicas, Cristina Boscarino; y con la secretaria de Gobierno provincial, Carolina Vargas Aignasse. Luego, Kerr tuvo un encuentro con el directorio de la Cámara de la Construcción. La agenda se completó con sendas charlas con los titulares de los gremios Sindicato de Trabajadores de Vivienda (Sitravi), José Ramos; y de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), David Acosta.

Las discusiones políticas no estuvieron al margen en la cumbre con funcionarios locales, según pudo conocer este diario. Si bien Kerr insistió en que esperan la adhesión de la Provincia a los requisitos de Nación, entre los reclamos marcaron que el Poder Ejecutivo elimine los impuestos con los que grava a los fondos nacionales destinados a viviendas sociales, como Ingresos Brutos.

¿Se dialogó sobre la causa judicial que investiga a presuntos gestores falsos que asignaban viviendas sociales en el Ipvdu?, le consultó este diario a Kerr. “Venimos un paso adelante de esta situación de coyuntura que vive la provincia y el instituto. Hemos sancionado la resolución 1 de 2018, firmada por Domingo (Amaya), donde específicamente creamos un Sistema Único de Beneficiarios de viviendas sociales, que surge del entrecruzamiento de todas las bases de datos del Estado. Así, tendremos la seguridad de que sean beneficiarios de viviendas sociales quienes les correspondan”, respondió. Y agregó: “se lo hemos planteado al Instituto de Vivienda tucumano y será un requisito sine qua non para futuros proyectos, para tener la garantía, la certeza y la seguridad de quien acceda a una vivienda construida por el Estado la merezca”.