04 Marzo 2018
EN EL INSTITUTO DE VIVIENDAS. La Justicia ordenó el allanamiento del organismo. “Nos pusimos a su disposición”, indicó su titular, Noemí Ferrioli. la gaceta / foto de josé nuno
Los escándalos por el supuesto manejo irregular de casas sociales no cesan en el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu).
El viernes, el fiscal de Instrucción Diego López Ávila coordinó un procedimiento del Departamento de Inteligencia Criminal de la Policía que derivó en la aprehensión de un empleado de la repartición, identificado como Daniel Rubén Manzaraz, de 62 años.
Cómo era la supuesta operatoria de los "gestores" del Ipvdu, según declaró Alzogaray
Según la denuncia realizada el miércoles pasado por una pareja, el sospechoso se habría ofrecido como una suerte de intermediario en una transferencia presuntamente anómala de una vivienda del barrio Manantial Sur.
A sabiendas de que la supuesta maniobra iba a tener lugar en una inmobiliaria de la zona de calle San Lorenzo al 700 de esta ciudad, los investigadores acompañaron a los denunciantes a la distancia, con la directiva del fiscal de Instrucción de arrestar a Manzaraz y a cualquier persona que estuviera con él.
El encuentro entre el empleado del Ipvdu y los supuestos interesados en comprar la casa se produjo pasado el mediodía. En el acto, los policías aprehendieron al supuesto intermediario y a una mujer, identificada como N.V.S.
La escena de esa reunión quedó registrada en diversos videos grabados con celulares que se viralizaron en las últimas horas. En uno de ellos, compartido por el usuario de Facebook “Hecho en Lules”, se escucha un breve diálogo entre el fiscal y el imputado. “¿Usted sabe por qué está siendo aprehendido, señor?”, le pregunta López Ávila. “Porque estoy por hacer una transferencia de una vivienda...”, contesta Manzaraz, mientras los policías secuestraban papeles y un portafolios. ¿Usted, siendo empleado del Instituto de la Vivienda, está haciendo transferencias para afuera?”, agrega el magistrado. “Digamos que... la casa está en perfectas condiciones”, replica Manzaraz. Entonces, el fiscal se percata de que lo estaban grabando y le pide a esa persona que se aleje.
Medidas judiciales
En paralelo a este procedimiento, por pedido del fiscal también se realizaron medidas judiciales en una casa que sería del imputado y en la propiedad que supuestamente iba a ser transferida. La Policía secuestró dos computadoras, un pendrive y documentación calificada como “de interés para la causa”. También se incautaron de una camioneta Fiat Strada.
Además, López Ávila y un equipo de la Fiscalía de Instrucción de la IV Nominación se presentaron en la sede del Instituto de la Vivienda de calle Muñecas al 400. Allí Manzaraz se desempeña como “relevador técnico”, según su perfil de Facebook.
La hipótesis de los investigadores es que el empleado habría salido sin permiso de sus superiores de su trabajo para acudir a la escribanía, sin pensar que sería aprehendido. La interventora del Ipvdu, Noemí Ferrioli, le aseguró al sitio web del Gobierno que prestaron colaboración con el fiscal para que realizara la inspección. “Nos pusimos a su disposición todo lo que nos solicitó”, afirmó la titular del Instituto de la Vivienda.
Esta causa se suma a una lista de escándalos en los que se vio envuelta la repartición en el último año. En 2017, a partir de los informes periodísticos de Panorama Tucumano, el ciclo de LA GACETA TV en Canal 10, la fiscala Adriana Giannoni abrió una pesquisa penal por presuntas anomalías en la adjudicación de las obras de construcción de viviendas a favor de empresas supuestamente cercanas a funcionarios de la repartición. En diciembre, tras el fallecimiento del ex interventor Gustavo Durán, la entonces subinterventora Ferrioli asumió en ese cargo. Pero el cambio de mando no evitó el estallido del caso de los falsos gestores, presuntamente liderados por Elizabeth Rosa Alzogaray, quienes habrían prometido casas a cientos de personas a cambio de dinero. A todo esto, ahora, se sumó la aprehensión de Manzaraz.
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