Elizabeth Rosa Alzogaray, la imputada de ser la cabecilla de los falsos gestores del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), responsabilizó en su declaración indagatoria al ex interventor Gustavo Durán, fallecido en noviembre.
Ante el fiscal Diego López Ávila habló de sus lazos políticos con el oficialismo afirmó que respondía directamente al funcionario; dijo que le entregaba todo lo recaudado y que se considera otra embaucada. "No soy una estafadora. Yo tuve un sueño y también fui engañada", afirmó.
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Por este caso hay una decena de detenidos -incluida Alzogaray, desde el 28 de enero- y se registraron cientos de denuncias de personas que pagaron entre $4.000 y $100.000 por una casa del Estado.
La reunión.- Según la declaración de Elizabeth Alzogaray, el fallecido ex interventor del Instituto de la Vivienda, Gustavo Durán, le preguntó si “estaba dispuesta a trabajar inscribiendo a personas que tengan necesidades” habitacionales. “No me ofreció un sueldo a cambio”, añadió. Según la imputada, el supuesto rédito que obtendría era de carácter político. “(Durán) me dijo que esa misma gente que yo iba a inscribir después me iba a apoyar a mí para una posible candidatura”, manifestó al fiscal.
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El inicio.- Según la imputada, Durán le señaló que las casas a ofertar eran en Manantial Sur. “Me dijo que estaba teniendo problemas con las empresas por unas deudas, ya que desde la Nación no mandaban fondos y por eso estaban atrasadas las terminaciones”, añadió. De todas formas, aseguró, días después mantuvo otra reunión con el ex interventor. “Me entregó una serie de planillas; eran tres. En esas planillas se leía ‘grupo familiar’ o regularización dominial’; en otra decía ‘certificación de escritura’. Esos papeles eran más que nada para completar los datos personales de quienes se inscribían”.
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El sistema.- “(Gustavo Durán) me dijo que, además de la documentación, yo tenía que pedirles $ 4.000 por vivienda a la gente. Y si tenían familiares discapacitados o no tenían dinero, que les cobre la mitad o lo haga gratuito”, sostuvo la imputada. Y agregó: “de verdad, pensé que estaba bien que él les cobre dinero, porque me decía que con eso solventaba ciertos gastos administrativos”. Manifestó que empezó a trabajar en 2015 con la inscripción de interesados. “Yo le entregaba todo el dinero y las carpetas de la gente a Durán, o a veces a las personas que él mandaba. Nos encontrábamos en algún bar y ahí yo entregaba la plata y las carpetas”, añadió.
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Inscripciones.- “En principio inscribí a una señora de nombre Virginia. Después me inscribí a mí, y con eso bastó para que se enteraran otras personas y para que todos comenzaran a inscribirse”, señaló Alzogaray. Afirmó que las familias interesadas le pedían permiso para conocer las casas. “Le comenté esto al señor Durán y él me permitió que un día sábado fuéramos junto a las 10 familias que en ese momento estaban inscriptas a la zona de avenida Colón al 3.000, donde nos estaba esperando un sereno que nos permitió ver las casas”, declaró. Sostuvo que al inicio “le consultaba todo” al entonces interventor del Ipvdu. “Si me decía que había 40 vacantes, yo inscribía 40 personas”, detalló.
“Falsos gestores” I.- Alzogaray también relató cómo fue conociendo al resto de los detenidos del caso, señalados como “falsos gestores” del Instituto de la Vivienda. “En una oportunidad se contactó conmigo la señora Adela Bustos (imputada), y me pidió si la podía inscribir y si podía ir a su casa a inscribir a más personas. Yo accedí, previo a preguntarle a Durán, e inscribí a dos familias. Al parecer, la señora Adela le comentó a la gente de la iglesia a la que asistía. También en esa época conocí a su hija, Anabel Jiménez (imputada). Le conté esto a Durán, y me preguntó si Adela era de mi confianza. Le contesté que sí, entonces me dejó que yo directamente le entregara formularios a Adela para que ella también inscriba”, declaró Alzogaray.
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“Falsos gestores” II.- “Analía González (imputada) es una chica que se inscribió en una vivienda y después me pidió si yo podía ir a su casa a inscribir a más de personas. Y como era de confianza, también comenzó a inscribir ella sola”, sostuvo ante el fiscal. Añadió que Marta Elena Campos era una vecina de González. “Entablamos una amistad y me preguntó si ella podía inscribir. Yo lo consulté con Durán, que me autorizó”, agregó la detenida.
Los Ramallo.- “En cuanto a Luis Ramallo y Emmanuel Ramallo (dos imputados), son mis familiares. Uno es tío y otro mi primo. Yo los inscribí a ellos primero y luego me preguntaron si podían inscribir a otras personas más que se acercaran a su casa”, declaró Elizabeth Alzogaray. “Yo quiero decir que de mi parte sólo les pedía (a los interesados en acceder a una vivienda del IPV) los $4.000 que me había dicho Durán. Jamás pedimos más dinero y no me hago cargo de lo que hayan pedido otras personas”, añadió.
Policías y un gendarme.- La sospechosa declaró que se dio cuenta de que “estaba en un problema” cuando comenzó a recibir amenazas y reclamos de policías de El Colmenar y de un gendarme. Según dijo, a todos ellos les devolvió el dinero. “Había personas que daban mi nombre y yo no había inscripto; ahí me di cuenta de que se habían descontrolado las cosas”, manifestó Alzogaray en la Fiscalía de Instrucción IV.