El colapso de las cloacas generó el motín de presos en la comisaría 11

Cerca de las 19 del domingo, los presos de la comisaría 11ª, ubicada en la avenida Benjamín Aráoz al 1.000, se amotinaron como forma de protesta ante las malas condiciones en las que se encuentran detenidos.

Según informó el jefe de la Unidad Regional Capital, comisario Walter Álvarez, ese día las cloacas de toda la zona empezaron a colapsar, lo cual generó que se inundara la sede policial y que los reclusos, que eran alrededor de 30, comenzaran a quemar los colchones para que los saquen del lugar.

Para los abogados, la causa de los motines es el hacinamiento

“La comisaría está saturada de personas, al igual que casi todas las dependencias policiales de la provincia. Esa situación se complicó cuando rebalsaron las cloacas”, contó Álvarez. El oficial aseguró que el conflicto fue controlado en poco tiempo y que no hubo heridos. “Por orden de la fiscalía algunos presos fueron reordenados en otras comisarías, pero los otros se tienen que quedar allí”, manifestó.

Temor de las familias

Más de 20 familiares de los amotinados se presentaron en la sede policial y permanecieron por casi cinco horas en la vereda de la comisaría, exigiendo noticias sobre los presos. Algunos, incluso, empujaban los portones de la sede policial para poder ingresar.

“A las 20 me llamaron parientes de los detenidos para decirme que había empezado un motín, cuando llegamos me enteré que los chicos estaban golpeados y que les habían disparado con posta de goma”, contó Rosa Barrionuevo, abuela de uno de los reclusos.

Desde el interior de la comisaría se escuchaban gritos y disparos, lo que provocó angustia y ansiedad entre los parientes, que apenas podían quitarse las manos de la nariz a causa del olor. “Los chicos tienen infecciones y hongos por la falta de higiene”, reclamó Gabriela González, madre de uno de los presos. La mujer dijo que con otras mamás se ofrecieron a hacer turnos para limpiar la sede policial todos los días, pero que no se les permitió.

Pedido a La Corte

En noviembre pasado la fiscala Adriana Gianonni, envió un escrito al presidente de la corte suprema Daniel Posse, para ponerlo en conocimiento de la situación actual de las personas alojadas en la comisaría de este lugar.

La fiscala explico que de las últimas visitas, tomó conocimiento de que las personas alojadas en las dependencias policiales: “se encuentra en peores condiciones que las detectadas en el año 2015”, cuando junto al fiscal Diego López Ávila presentó un hábeas corpus correctivo denunciando la emergencia en el penal y otras sedes policiales.

“Los arrestos registran condiciones en materia de salud y seguridad aún peores que las que ostentaban en el 2015 cuando se presentó el hábeas corpus que buscaba poner fin o iniciar un camino ascendente de los standares mínimos que en materias de derechos humanos la provincia debe mantener”, explica la fiscal en uno de los párrafos del texto.

Como ejemplo, la fiscala menciona que en arrestos con capacidad para cinco personas, como en la comisaría de Alderetes, hay alojadas 20, es decir, un 300% en exceso de su capacidad.

En el caso de la comisaría 13ª, menciona que cuenta con una capacidad para 15 personas, pero se encuentran alojadas 47.

“Resulta imperiosa la intervención de ese alto tribunal para poner fin a tan dramática situación y hacer operativa la manda constitucional (art.18 CN) que responsabiliza a los jueces que permitan toda suerte de modificación que exceda toda medida ordenada a la seguridad de los privados de libertad, la legislación provincial (art.14 CPPT) obliga de modo explícito a la autoridad judicial a extremar los cuidados al respecto”, concluye la funcionaria judicial.