El intento de motín que protagonizaron los presos alojados en la comisaría 11 en la noche del domingo, reavivó la polémica entre los abogados penalistas por las condiciones de hacinamiento y falta de higiene en las que cumplen sus detenciones quienes se encuentran privados de la libertad.
A esos problemas, los profesionales le sumaron su preocupación por las precarias estructuras de los edificios policiales, la falta de personal capacitado para cumplir la función de carceleros y las demoras en la Justicia para resolver las causas. “La situación es muy difícil en este momento, la falta de condiciones de higiene es notable. No se respetan los principios de humanidad que deben existir en la privación de la libertad”, opinó Aurora Díaz Argañaraz.
Mirta Mercé de Juárez coincidió con su colega: “Hay una emergencia sanitaria y edilicia que está sustentada por la Corte. Es un problema muy serio, las comisarías son una mugre terrible. Los presos están en una situación contraria a lo que manda la Constitución. Se han hecho presentaciones en su momento, pero es cada vez peor”.
“Las condiciones son de un hacinamiento terrible. Todas las comisarías están abarrotadas. Eso genera un colapso que causó una crisis. Las comisarías tienen muchos más detenidos de lo normal”, explicó Sebastián Serrano.
Serrano sostuvo que la situación se agrava cuando las sedes policiales están ubicadas en zonas vulnerables. “Ese es el caso de la jurisdicción de la comisaría 11, donde hay muchos conflictos vecinales y familiares. Eso produce un cuello de botella y superpoblación”.
El letrado, además, explicó que la cantidad de detenidos a partir de denuncias por violencia de género han profundizado la sobrepoblación de presos. “Son decenas las denuncias que llegan a la Justicia todos los días y en la mayoría de los casos se producen detenciones”, indicó.
Crisis carcelaria
En 2015, los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni presentaron un recurso de hábeas corpus ante la Corte Suprema de la Provincia, luego de la muerte de dos detenidos en la Brigada Norte.
Desde ese momento comenzaron una serie de inspecciones en las comisarías, y se llegó a la conclusión que algunas, como las 10ª y la 13ª, estaban en un pésimo estado. Esta última, incluso, había sido clausurada, pero al poco tiempo reabrió sus celdas por necesidad.
En ese momento fueron relevados 700 presos en comisarías. A la fecha, esa cifra se habría incrementado un 20%, de acuerdo a las fuentes consultadas.
“Los motines son reiterativos y son muchos terminaron mal. Por esta situación le hemos pedido al Colegio de Abogados que intervenga”, contó Díaz Argañaraz.
“La situación es peor, tiene que ver las demoras en la Justicia. Hay casos de presos que permanecen años encerrados con una prisión preventiva”, señaló Mónica López.