El comisario de Arcadia, Alfredo Antoni Pineda, pasó un día aprehendido por haber baleado a un presunto ladrón que ingresó a la casa de una vecina. La decisión de la Justicia generó debate entre los tucumanos, ya que el uniformado estuvo privado de su libertad más tiempo que el acusado, que terminó con un disparo en el glúteo.
Pineda, sin embargo, ya contaba con antecedentes por excederse de sus funciones. Según confiaron fuentes judiciales, en 2013, siendo jefe de comisaría de Los Sarmientos, personal subalterno de él lo denunció por prácticas ilegales. La causa llegó a juicio por privación ilegítima de la libertad, amenazas y falsificación de instrumento público.
El uniformado también estuvo procesado junto a cuatro colegas por un cuádruple homicidio ocurrido el 26 de julio de 2003, en la ruta provincial 308, cerca de la localidad de La Madrid. Aquella noche fueron abatidos Carlos Figueroa, Leonardo Pérez, Miguel Angel Páez y Ricardo Ignacio Tapia, cuando supuestamente estaban por asaltar un camión.
La fiscala Alicia De Blasis de Morelli había pedido la absolución los policías acusados de matar con "alevosía y ensañamiento" a las víctimas, con excepción de Pineda, para quien solicitó cinco años de prisión por homicidio culposo. Blasis de Morelli consideró que el uniformado tenía reducido a Tapia cuando disparó varias veces contra su humanidad. Los jueces del Tribunal de Concepción, sin embargo, resolvieron absolver a los acusados en abril de 2012.
Antes de que el tribunal entrara a deliberar el fallo, dio la posibilidad a los acusados de brindar su última exposición sobre el caso. Todos coincidieron en sostener que actuaron en defensa propia y en cumplimiento de sus deberes de policías. "Me siento orgulloso de que, a partir de aquel hecho, nunca más hubo piratas del asfalto", afirmó Pineda.
La misma fuente judicial confió que el comisario fue denunciado por haber encarcelado a vecinos de Los Sarmiento sin causa contraversional ni penal. Se comprobó, incluso, que hizo de una habitación de la comisaría un calabozo no habilitado con una puerta de reja. La causa se elevó a juicio en 2016, pero Pineda apeló la decisión del juez que rechazó su pedido de sobreseimiento. Desde marzo del año pasado la causa se encuentra parada.