El Colegio de Abogados propone que se emplace al Gobierno a designar magistrados

Ningún derecho es absoluto y todo derecho puede ser regulado. Con estas premisas, el Colegio de Abogados de la Capital redactó un proyecto de ley para limitar el tiempo que el Poder Ejecutivo (PE) puede tomarse para designar jueces a partir de las ternas que confecciona el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). La entidad intermedia consideró que ese término no podía superar los 60 días corridos y que su vencimiento debía acarrear la designación automática del líder del terceto. La iniciativa remitida al vicegobernador Osvaldo Jaldo además reinstaura los concursos para múltiples cargos suprimidos en 2010.

Marcelo Billone y Flaviana Yubrin, respectivos presidente y vocal del Colegio, manifestaron que ambas enmiendas a la ley de creación del CAM (8.197) iban a contribuir a superar el estado de escasez de magistrados existente en el presente, situación delicada que dio pie a la reglamentación de los jueces precarios y a la convocatoria de jubilados (se informa por separado). Billone y Yubrin dijeron a Jaldo que en los últimos años el Gobierno había optado por postergar de manera inaceptable el ejercicio de la potestad constitucional para cubrir vacantes judiciales al amparo de un orden jurídico que no establece plazos.

“La facultad del Poder Ejecutivo consagrada en inciso 5 del artículo 101 de la Constitución de Tucumán ha dado pie a un ejercicio desnaturalizado, lo que, amén de configurar un procedimiento abusivo, se ha traducido en más de una oportunidad en una mora inadmisible”, expresaron. Con ese convencimiento, propusieron dar al gobernador 60 días corridos para remitir a la Legislatura el candidato elegido dentro de la terna. “Vencido este plazo, se entenderá que automáticamente queda elegido el postulante que ocupare el primer lugar del orden de mérito determinado por el CAM, lo que debe ser comunicado en forma inmediata”, indica el proyecto de los abogados. Billone y Yubrin agregaron que se imponía recuperar la posibilidad de celebrar un concurso público de antecedentes y de oposición para varios puestos idénticos. “En este supuesto, el listado de los (tres) postulantes propuestos al Poder Ejecutivo se ampliará con un postulante más por cada cargo extra que se haya llamado a concurso”, indica la iniciativa presentada al titular de la Legislatura.

La reticencia del Gobierno a cubrir vacantes en propiedad había llevado al Colegio a presentar una acción de amparo a finales del año pasado. En ese juicio, los letrados solicitaron a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que establezca un plazo razonable para el ejercicio de la potestad de nombrar jueces. Entre sus argumentos, recordaron que el propio alto tribunal había sentado jurisprudencia en 1989, en el caso “Samez”, cuando, en una circunstancia similar a la actual, destacó que sobre los poderes políticos pesa la obligación constitucional de concurrir a formar otro de los poderes del Estado (el Judicial), sin el cual no puede haber sistema republicano de gobierno. “Impedir su normal funcionamiento implica una severa contradicción con el régimen republicano”, dijeron los vocales que firmaron el fallo “Samez”: Alejo Pedraza, René Goane (aún en funciones), Oscar Emilio Sarrulle y Pedro Zanoni.

El propio gobernador Juan Manzur reconoció en diciembre que estaba en falta y prometió resolver las ternas acumuladas, que hoy ascienden a nueve. Las definiciones pasaron para marzo: el ministro Regino Amado dijo que iban a mandar todos los nombres posibles a la Legislatura, pero anticipó que algunas ternas serían devueltas porque se repiten los nombres de los candidatos.