23 Febrero 2018
La hipótesis de que Elizabeth Rosa Alzogaray, la presunta cabecilla de los falsos gestores del Instituto de la Vivienda (Ipvdu), aprovechaba su actividad política para legitimarse ante los interesados en acceder a una casa del Estado suma nuevos indicios.
Según los registros del Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym), la principal imputada en la causa que investiga el fiscal Diego López Ávila asumió en 2015 la presidencia de “Nuevo Amanecer”, una cooperativa de trabajo dedicada a la construcción.
Fuentes de esa repartición le confirmaron a LA GACETA que la única actividad llevada a cabo por esa organización luego de su creación fue la tramitación y obtención de un certificado de normal funcionamiento para ser presentado ante la Municipalidad de Alderetes. Según los datos a los que accedió este diario, esa documentación, indispensable para que las cooperativas puedan prestar servicios y facturarlos, había sido solicitada el 1 de septiembre de 2015 por “Nuevo Amanecer” al Ipacym. De todas maneras, advirtieron voceros de la repartición, la entidad a cargo de Alzogaray no habría presentado los balances anuales desde su puesta en funcionamiento ni habría iniciado otro tipo de trámites.
De todas formas, tanto el actual intendente de Alderetes, Sergio Venegas (PJ), como su antecesor, el actual legislador oficialista Julio Silman, negaron cualquier vínculo con Alzogaray. Coincidieron en que no recordaban haber contratado a la cooperativa de trabajo “Nuevo Amanecer” y aseguraron que sólo conocen a la presunta cabecilla de los falsos gestores a partir de las notas publicadas por LA GACETA sobre el caso “Viviendas”.
“Desde 2015 hemos tenido un parate en el envío de fondos nacionales que financiaban todo lo que es obra pública, construcción de viviendas y mejoramiento habitacional. Así que tampoco se han firmado nuevos contratos. Dentro de lo que se puede haber ejecutado, el nombre de esa cooperativa no me suena”, señaló Venegas, que también fue funcionario de la intendencia en la gestión de Silman. Agregó que iba a tratar de confirmar el dato en los registros del Departamento Ejecutivo municipal.
En una rueda de prensa reciente, el fiscal López Ávila expresó su hipótesis de que Alzogaray habría sido la jefa de una supuesta asociación ilícita dedicada a ofrecer casas del Estado. “Estamos intentando determinar si existen vínculos o no con gente del interior del Instituto de la Vivienda. Es llamativa la cantidad de información que tenían”, describió en esa ocasión. Y consideró que las posibles ramificaciones políticas del caso son “una de las grandes incógnitas” en la pesquisa penal.
Reconocimiento oficial
El año pasado, “Panorama Tucumano”, el ciclo de LA GACETA TV, dio a conocer aparentes irregularidades en los programas habitacionales que lleva a cabo el Ipvdu con recursos federales.
En enero, la repartición a cargo de la interventora Noemí Ferrioli difundió un comunicado en el que reconocía la existencia de falsos gestores de casas del Estado. El texto oficial advertía que esas “personas inescrupulosas” se aprovechaban de la necesidad de la población para prometer inmuebles, pero no formaban parte del IPV.
A raíz de esto, cientos de personas que habían pagado entre $4.000 y $100.000 para acceder a una vivienda social comenzaron a denunciar su situación. Según la investigación, Alzogaray -que está detenida y con pedido de prisión preventiva por parte del fiscal- sería la jefa de la supuesta organización, y al menos una decena de sospechosos habrían colaborado con ella, ya sea captando interesados, cobrando dinero e incluso mostrando las unidades del Ipvdu a posibles adjudicatarios.
El interrogante es si la imputada podía usufructuar de alguna forma sus aparentes nexos políticos para “colocar” los expedientes dentro del Ipvdu o sólo presumía en las redes de su acceso a referentes del oficialismo para llevar adelante la supuesta estafa colectiva.
En ese sentido, una denuncia penal presentada esta semana por 65 de los afectados en el caso señala que esta operación ilegal no podría haber sido llevada a cabo sin el amparo del “poder político”. Incluso, los abogados Carlos Varela Soria y Alejandro Biagosch le pidieron al fiscal de Instrucción la realización de cruces telefónicos y de otras medidas de prueba para confirmar o desechar los presuntos nexos de Alzogaray con el gobierno.
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