El Gobierno logra más poder para elegir jueces

La de ayer quizá haya sido una de las sesiones más relevantes de los nueve años de historia del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Invocando la coyuntura delicada por la escasez de magistrados provinciales, los consejeros aprobaron la reglamentación que habilita al Poder Ejecutivo para designar jueces subrogantes o transitorios externos. La mayoría se volcó por la moción que amplía la potestad del Gobierno al permitirle escoger los jueces precarios a partir de una lista conformada con los concursantes que aprobaron la prueba escrita, que eventualmente pueden llegar a ser todos los concursantes. La minoría dejó asentada su disidencia: para este sector, correspondía que el gobernador Juan Manzur optara dentro de una nómina de tres nombres, como sucede respecto de los jueces en propiedad o vitalicios, que gozan de todas las garantías para ejercer su función con independencia.

La moción que bregaba por ampliar la discrecionalidad se impuso con el apoyo del presidente y vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Antonio Estofán; de los legisladores oficialistas Fernando Juri y Javier Pucharras (también estaba el suplente Roque Cativa), y de los jueces Luis Cossio (capital) y Elena Grellet (sur) -asistió la suplente Ivonne Heredia-. En disidencia respecto de la extensión de la nómina de subrogantes potenciales quedaron los abogados Marcelo Fajre (capital) -estaba la suplente Julieta Tejerizo- y Diego Vals (sur), y el legislador radical Raúl Albarracín.

Tres o más: la discusión

Aunque el tema fue presentado como una cuestión ya conversada previamente y aunque el consejero Fajre anunció que no quería reabrir el debate, la discusión sucedió de todas maneras. Juri, coautor de la Ley de Subrogancias, tomó la palabra en primer lugar para recordar el origen de la normativa y que esta había surgido para evitar la sanción de un proyecto (promovido por el oficialista Marcelo Caponio) que podía dar lugar a una declaración de inconstitucionalidad. El número dos de la Legislatura hizo hincapié en la excepcionalidad del instituto; en su apego al proceso de preselección vigente y a la jurisprudencia, y en que había recibido el visto bueno de los colegios de abogados de la Capital y del Sur, y de la Asociación de Magistrados de Tucumán.

Pese a que destacó que la mayor parte de las diferencias relativas a la reglamentación habían sido consensuadas, el representante de los abogados de la capital dijo que Manzur debía recibir tres opciones de juez subrogante porque ese era el espíritu de la Ley 8.197, que creó el CAM. En el mismo sentido, Albarracín expresó: “no debemos hacer que lo urgente nos haga obviar lo importante. Tampoco podemos, por esta situación, exponernos a sufrir críticas de la opinión pública y de los medios de comunicación”. Luego, por teléfono, el legislador opositor agregó: “¿cómo el gobernador va a tener menos discrecionalidad para lo más, es decir, para elegir jueces en propiedad con todas las garantías de independencia, y más discrecionalidad para lo menos que implica nombrar jueces provisorios?”.

El consejero por los jueces de la capital dijo que la de Fajre era una interpretación equivocada y negó que la reglamentación propiciada por la mayoría supusiera un apartamiento del espíritu de la ley que creó el CAM. “Esa norma hablaba de cargos en propiedad, o sea, vitalicios: no podía hacer futurología. La Ley de Subrogancias de 2017 habla de un listado, no de una lista de tres. No podemos decir que los legisladores se olvidaron de especificarlo, sí que es algo pensado como una solución coyuntural”, explicó Cossio. Juri asintió y dijo a Fajre que estaba cambiando de opinión puesto que el Colegio de Abogados de la Capital había avalado el diseño de la figura del subrogante. Frente a ello, Fajre le recordó que él representaba a la abogacía de San Miguel de Tucumán, no al Colegio, y que no era corporativo. Juri insistió: “es una ley de excepción que obedece a las circunstancias que estamos atravesando”.

Vals, por su parte, opinó que, como el régimen era excepcional, debía, por ende, también ser acotado. El consejero por los abogados del sur propuso a sus pares que, en nombre de la emergencia tribunalicia por todos reconocida, el CAM aumentara la frecuencia de sesiones públicas (en el presente hay una por semana, pero ello depende de la agenda de los consejeros). “Se viene trabajando muchísimo, pero este esfuerzo extra sería una manera de dar un mensaje a la sociedad. Existe una necesidad de incrementar jueces, pero quizá incrementando el trabajo podamos disminuir el número de cargos cubiertos con la Ley de Subrogancias o hacer más breve la subrogancia”, propuso, pero nadie se hizo eco de esta idea.

Con fecha de caducidad

En términos inmediatos, la reglamentación posibilitará ejecutar la norma que quitó a la Corte y a las cabezas de los ministerios públicos la facultad para decidir sobre la subrogación de despachos judiciales vacantes. Hasta ayer -y hasta que comience a funcionar el régimen del juez sustituto externo-, el alto tribunal y el ministro público fiscal Edmundo Jiménez cubrían discrecional y temporalmente esas vacancias con los jueces, fiscales y defensores oficiales en funciones, quienes por esta tarea adicional percibían un ingreso extra. La Ley 9.011 sancionada en abril otorgó la potestad en cuestión al CAM, al Poder Ejecutivo y a la Legislatura, que ha de prestar acuerdo a la designación de magistrados precarios. La norma estipula que estos ejercerán sus funciones hasta que cese la causal que generó el nombramiento; hasta que sean destituidos o hasta que se cumpla el plazo de dos años prorrogable por 12 meses más, por única vez. Los jueces subrogantes recibirán la misma retribución que los titulares -son más caros que los del régimen actual- y los que provengan de la función pública gozarán de una licencia sin goce de haberes.

Cambia el sistema vigente desde 2009
El Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) actual nació de la larga disputa entre el oficialismo y el Colegio de Abogados de la Capital. La judicialización del conflicto derivó en la supresión del Consejo con preponderancia del poder político que habían sancionado los convencionales constituyentes afines al ex gobernador José Alperovich en 2006. Tres años después comenzó a funcionar el órgano con integración equilibrada del presente, que preselecciona magistrados a partir de la sustanciación de concursos públicos de antecedentes y oposición. El mayor avance de ese mecanismo fue la limitación de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo a los tres nombres contenidos en la terna confeccionada por el CAM. La reglamentación aprobada ayer modifica ese esquema al otorgar al Gobierno la posibilidad de escoger jueces provisorios, que no gozan de la estabilidad que garantiza la imparcialidad, a partir de un listado más amplio. El argumento para producir este cambio fue la existencia de una coyuntura institucional delicada por la escasez de jueces.

AVANZA UNA OBRA PÚBLICA 
Estofán anunció que a mediados de abril licitarán la edificación de la sede del CAM
El presidente del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), Antonio Estofán, anunció a los consejeros que están avanzadas las gestiones para generar los planos y las memorias descriptivas que permitirán licitar la construcción de la sede del organismo. “A mediados de abril quizá podamos abrir la licitación con la idea de que la edificación comience a mitad de año. El arquitecto Ricardo Salim (a cargo de la Unidad de Reconversión del Espacio Público) considera que la obra proyectada necesita 12 meses”, explicó hacia el final de la sesión pública de ayer, reunión en la que el CAM reglamentó la Ley de Subrogancias (se informa por separado). Estofán recordó que la semana pasada el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán había concedido al instituto encargado de preseleccionar a los jueces la excepción solicitada para obviar la normativa que lo obligaba a construir cocheras. El diseño prevé un edificio de siete plantas en el solar de la calle Congreso 361 que el CAM adquirió durante 2013 en forma directa -sin licitación- por $ 1,2 millón.