Aprestos para la guerra

Está terminando setiembre de 1831, y la provincia de Tucumán se angustia frente a la inminente invasión del caudillo Facundo Quiroga con su ejército. El gobernador José Frías empieza a emitir providencias urgentes.

Un bando del 22 decreta que “al tiro de un cañón, concurrirán a la plaza principal todos los ciudadanos y esclavos capaces de llevar armas, con las que tengan de su propiedad”. El coronel Daniel Ferreyra los destinaría a los puntos necesarios. Quedaba prohibido “disparar tiros dentro de la ciudad y en los arrabales de ella”, y desde las 8 de la noche “nadie podrá andar a caballo” por sus ámbitos. Todo recién llegado debía presentarse a la Policía. El que tuviera “pólvora o piedra de chispa”, debía informarlo y estaba prohibido que la vendiera. Nadie podía salir de la provincia ni viajar al campo, sin licencia del Gobierno.

Por ley del 23, la Sala de Representantes autorizaba al gobernador a hacer efectivo “un empréstito forzoso de 12.000 pesos destinados a los gastos de guerra, en el período de tres meses”. Los que además tiene de comerciantes fueran hacendados, “contribuirán proporcionalmente en una y otra clase” El Gobierno también podía exigir de la campaña “los auxilio de carne y caballos necesarios para el servicio del ejército”. A los prestamistas, se les darían documentos para ser abonados “a la terminación de la presente guerra, por los medios que la Sala de Representantes acordará oportunamente”. El 4 de octubre, se ordenaba que “fusiles, carabinas, tercerolas, sables, lanzas y bayonetas” de uso particular, se presentaran a la Policía.

Como se sabe, la fuerza de Quiroga llegó a la provincia y derrotó completamente a la del general Gregorio Aráoz de la Madrid, en la batalla de La Ciudadela, el 4 de noviembre.