Caso Marán: “no se determina un perjuicio fiscal”

El Tribunal de Cuentas (TC) de la provincia cerró la comprobación sumaria -procedimiento para fiscalizar la aplicación de fondos públicos- que había iniciado en el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) por el caso “Marán” sin dictar sanciones administrativas. No obstante, advirtió que es un asunto que se está dirimiendo en la órbita de la Justicia penal.

La controversia con esa empresa constructora se generó tras una serie de informes sobre posibles irregularidades en el Ipvdu emitidos en Panorama Tucumano, el programa de LA GACETA. En uno de ellos, el coordinador de Programas Federales del Ipvdu, Lucas Barrionuevo, negó conocer “de antes” a los propietarios de Marán, los hermanos Sebastián y Martín Nieva. Ambos, sin embargo, son sobrinos políticos del funcionario, según comprobó la investigación del ciclo televisivo.

La firma había recibido contrataciones directas del Instituto por casi $ 50 millones, y obras por $ 6 millones de la Municipalidad de Yerba Buena.

Tras las publicaciones, Barrionuevo había sido suspendido provisoriamente. Mientras, se habían abierto diferentes investigaciones en el Ipvdu y el Tribunal de Cuentas y en la Justicia.

En este caso, el control del Tribunal se había activado para determinar la posible “complicidad” entre Marán, contratista del Instituto, con Barrionuevo y una eventual “lesión” al erario.

La acordada

El organismo de control emitió el acuerdo N° 326 el 5 de febrero en el que consideró que “desde el punto de vista patrimonial –objeto de la comprobación sumaria-, no se determina la existencia de perjuicio fiscal alguno”.

El documento subraya que el Tribunal intervino en los procedimientos de contratación de Marán sin efectuar objeciones. “La relación comitente-contratista, tal como se desprende del informe de Ingenieros Fiscales continúa su curso en algunos casos, en las instancias de control pertinentes”, añade.

Por otro lado, consigna que “los hechos denunciados que dieran origen a la presente comprobación son de naturaleza penal y respecto de ellos existe una investigación jurisdiccional en trámite por ante la Fiscalía de Instrucción de la VIII Nominación. Por lo expuesto, no dándose en el estado actual del caso, supuesto que habilite el ejercicio de la competencia de este Tribunal, se estima del caso dictar acto conclusorio de la presente y proceder a su archivo”.

La resolución lleva las firmas de los vocales Sergio Díaz Ricci y Miguel Terraf.

Pedido a la Justicia

“Hay que dejar aclarado que de ninguna manera esta acordada significa la inocencia de Barrionuevo”, advirtió la senadora Silvia Elías de Pérez (Cambiemos).

La radical había denunciado ante la Justicia que en el Ipvdu funcionaba una estructura paralela en la que se adjudicarían obras y viviendas de manera irregular. Había apuntado contra el fallecido interventor de la institución Gustavo Durán (fue reemplazado por Noemí Ferrioli) y los dos funcionarios que, considera, serían clave en el armado: Barrionuevo y el coordinador de Planeamiento Habitacional, Miguel Jiménez Augier.

“El Tribunal de Cuentas sólo se manifiesta incompetente para investigar. La auditoría que realizó la Nación es muy clara y contundente: Marán prácticamente hizo abandono de las obras que debía construir en Manantial Sur y Concepción, y eso produjo un daño al erario. No tenemos que desviar la mirada. Aquí la responsable de investigar y condenar a los que saquearon el IPV es la Justicia”, apuntó. Cuestionó el poco avance de las causas. “La Justicia de una vez por todas debe dar muestras claras de que estos actos no se van a tolerar en Tucumán, no podemos seguir esperando a que se conozcan nuevas estafas y las cosas sigan como si nada hubiera pasado”, lamentó.

De baja

La empresa Marán está en el centro de la polémica y sufrió múltiples inconvenientes en los últimos meses. En diciembre, el Registro General de Constructores de Obras Públicas de la Provincia había emitido una resolución, publicada en el Boletín Oficial, en la que se había anunciado que Marán había sido dada de baja de la nómina de firmas habilitadas, debido a supuestos incumplimientos. Además, la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC) primero había suspendido a la compañía, para luego darle de baja, debido a deudas que mantenía con la entidad pública.

La decisión de las autoridades del Ipvdu de dar de baja a la empresa comenzó a materializarse a fines de año. A través de la resolución 6.322, dictada el 28 de diciembre pasado, la repartición dispuso la rescisión del contrato con esa firma para la ejecución de la obra “barrio San Carlos Oeste II”, que consistía en mejoras en 100 viviendas. En opinión de los auditores del Instituto de la Vivienda, la empresa en cuestión abandonó la construcción y actuó con “dolo o culpa grave o reiterada negligencia”. Durante las inspecciones en la ejecución de los trabajos del proyecto el área técnica de la repartición afirmó que estaba “demostrada una sobrecertificación” en las tareas cuestionadas.