El efecto pedagógico “Comodoro Py”

En Tucumán no sólo abundan las vacancias y acefalías en el Poder Judicial: también está vacante el trono de la corrupción. Ambas circunstancias guardan relación, pero lo que en este párrafo importa es que, mientras en la capital del país caen extraños y -algunos- propios, en la provincia la corrupción sigue siendo como el tiempo: se siente, pero no se ve. No hay funcionarios locales de jerarquía condenados por el manejo de los fondos públicos aunque existen hartas sospechas y dudas sobre el estilo de vida de los gobernantes, y sobre cómo crearon sus fortunas.

Pero desde que el mundo es mundo se sabe que nada dura para siempre: ni Napoleón ni el Imperio Romano lograron la eternidad. Y cada vez son más los que por estos pagos se preguntan hasta cuándo aguantará el modelo de impunidad vernáculo. El mero planteo del interrogante ya implica un margen que se acota y se angosta. Esa sensación de vencimiento se recuesta sobre el virus anticorrupción que, tras la llegada de Cambiemos a la Casa Rosada, contrajeron los jueces federales porteños de los Tribunales de Comodoro Py.

El espectáculo alevoso de activación de causas bloqueadas durante el kirchnerismo ha dejado a la vista que, llegado el momento de luchar por la propia subsistencia, los jueces se vuelven contra los poderosos que habían protegido. Este darwinismo atroz podrá seguir rindiendo algunos réditos, pero ya no funciona como antes.

El desprestigio de la Justicia oficialista ha ido demasiado lejos y la sociedad está demasiado al tanto del jueguito de las apariencias: ha sido, por ponerlo de algún modo, sometida a la corrupción explícita y esa exposición a la desigualdad ante la ley la ha curado de espanto. Para colmo, toda la pirueta de Comodoro Py coincidió con la investigación en tiempo real del “Lava Jato”, la causa del juez Sergio Moro que dejó un tendal de poderosos tras las rejas en Brasil. El contraste no pudo ser más oportuno.

Aunque Curitiba parece a un siglo de distancia, en el establishment tucumano que pasó al frente a costa del Estado huelen el riesgo de acabar igual que Julio De Vido y José López, por mencionar a dos kirchneristas con lazos intensos en esta provincia. Sería claramente acabar peor porque la cárcel de Villa Urquiza no es el penal de Ezeiza. Y no son pocas las historias de detenidos que abonan la idea de que, en las condiciones penitenciarias actuales, ir preso en Tucumán equivale a una clase de pena de muerte.

La presión social ascendente sobre un sistema judicial desgastado y la percepción de que existe una cuenta regresiva -también- para la corrupción han contribuido a generar una coyuntura institucional agobiante. A ello se suma la aparición de observadores de la Nación con un listado de 33 causas para nada sutil: aunque la llamada veeduría todavía está verde y comenzó por los expedientes en principio menos conflictivos, ya se topó con algunos semáforos rojos. Más de un príncipe del foro interpreta que la desconfianza de un sector del poder en lo que la Justicia pueda llegar a hacer para salvarse a sí misma explica la expansión de la prédica de que ya no es posible correr riesgos. Este ajuste de riendas estaría atrás de la decisión de postergar todo lo posible -hasta lo imposible- la designación de magistrados.

Cuatro de las nueve ternas en manos del Poder Ejecutivo corresponden a la instrucción penal de la capital, área candente que, salvando las distancias y diferencias organizativas, puede ser asimilada a la trinchera de Comodoro Py. Esos tercetos configuran un campo minado: hay que seguir con atención las decisiones que el médico gobernador tomará al respecto. En especial, la relativa al Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº2, donde Facundo Maggio, sobrino político del ministro público Edmundo Jiménez y abogado en causas sensibles como “Teves”, compite con Carolina Ballesteros, defensora oficial de Concepción, y Juan Carlos Nacul, flamante juez federal puntano.

Acelerada por el temor a perder la jubilación de privilegio, y a enfrentar cambios procesales que acarrean mayores obligaciones y controles, la sequía de jueces parece dirigirse a la aplicación de una ley de subrogantes externos que genera suspicacias y especulaciones.

Los jueces precarios, sin estabilidad, son más débiles que los titulares, que gozan de todas las garantías para ser independientes.

En vez de sancionar los concursos múltiples y declarar en emergencia al Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), donde, por cierto, el nepotismo estaría otra vez haciendo travesuras, un sector del oficialismo conversa sobre la posibilidad de relajar los requisitos para acceder a la magistratura subrogante. En paralelo y apalancadas en el clima de Justicia despoblada que el propio Gobierno estimula, corren versiones de que Jiménez reclama su propio órgano de preselección de fiscales. Todo sería en nombre de la autonomía funcional exigida por el Código Procesal Penal adoptado en 2016 cuya implementación peligra por la consabida escasez de magistrados.

Los planes y tanteos se desarrollan con un ojo fijo en la Corte y en la posible partida de Antonio Gandur, que dio señales de que se jubilará, pero que se reserva el cuándo. Esa otra vacante que aún no es vacante permitirá a las autoridades políticas tallar en el cuerpo con mayoría de vocales colocados por el ex gobernador contador. Un alto tribunal que, según el apoderado de la Provincia en el caso “Aráoz”, es el único que puede juzgar los conflictos relacionados a los gastos sociales opacos que hizo la Legislatura durante 2015.

El efecto pedagógico “Comodoro Py” enseña que, en materia tribunalicia, nada puede quedar librado al azar así como Moro, el investigador del “Lava Jato”, enseña que no hay nada peor que un juez que no cree en la Justicia.