En muy pocos países de la región se mira tanto la pizarra del dólar como en la Argentina. En Brasil, aprecian su moneda más allá de la volatilidad del mercado. En Perú o en Bolivia, sus divisas tienen peso relativo por la cotización que sus propios ciudadanos le dan. En Colombia, por caso, los billetes de baja denominación del dólar tienen un desagio tal que no es negocio canjearlos. ¿Cuál es la razón? La respuesta es casi lógica: si toman el valor de la pizarra, es probable que eso se traslade inmediatamente a precio. La inflación es mala palabra aquí, allá, en Estados Unidos o en China. Salvo Venezuela, en Sudamérica no hay país que registre una tasa inflacionaria tan alta como la Argentina; la mayoría tiene índices de un dígito. De hecho, nuestro país figuró en el séptimo puesto en un ranking mundial. Claro que el 24,7% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) ha bajado del 40% y sacando el pie del acelerador a la emisión monetaria, una de las estrategias que el anterior gestión mantuvo para sostener el consumo, aunque con un elevado costo fiscal. Aún así, la gestión del presidente Mauricio Macri ha puesto la vara demasiado alta, al fijar como meta de inflación un 15% anual. Y es allí donde chocan dos realidades: la de las evaluaciones económicas técnicas y la que percibe cada uno de los argentinos cuando realiza las compras. Los costos de tener una apertura de mercado con libertad de precios son demasiados altos para cualquier ciudadano. Puede ser cierto de que, con esa política, se propicie la expansión de la productividad de las empresas, pero no hay que perder de vista que el único precio que no tiene la misma velocidad de incremento es el del trabajo, es decir, el salario.
En función de aquella meta inflacionaria, la Casa Rosada ha propiciado que ese porcentaje, el del 15%, sea tomado como referencia en las discusiones paritarias. Los gremios ya anticiparon que no firmarán acuerdo alguno con un incremento de esa naturaleza. El argumento ha sido dado por el mismo Estado. La petrolera YPF ha incrementado un 8,5% el precio de sus naftas en dos oportunidades: el 24 de enero y el 6 de este mes. En el último año, la expansión del valor de los combustibles ha sido de un 43%. Los reajustes en la cotización de las naftas -al igual que sucede con el dólar- terminan disparando el resto de los precios de la economía. Y en eso estamos.
Otro aporte que ha minado el poder adquisitivo de los argentinos ha sido el reajuste en las tarifas de los servicios públicos privatizados. En muchos casos, las boletas de la luz o del gas se han duplicado. Otro caso en que la velocidad de los precios de las tarifas es inversamente proporcional al incremento del salario. Eso sí, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reveló ayer que el índice de salarios aumentó un 27,5% durante 2007, tres puntos por encima de la inflación de ese período.
Las mediciones privadas están dando cuenta del descontento social con el rumbo económico. Por caso, Query Argentina ha efectuado un sondeo en los primeros días del mes. Y a la pregunta ¿usted considera que la actual política económica es la correcta para aumentar el empleo, disminuir la inflación y la pobreza?, más de la mitad de los consultados en distintos puntos del país (56,6%) manifestó su rechazo; un cuarto (26,6%) la apoyó, y un 17,4% no tiene opinión formada. Es indudable que la economía argentina necesita un reacomodamiento de precios después de tantos años de inercia y de congelamiento de tarifas. La cuota de realismo que le imprimió la actual gestión a ese proceso ha sido demasiado veloz; tanto, que no da tiempo para reacomodar la economía nuestra de cada día hasta el próximo aumento. La próxima semana se definirán otros dos aumentos: el del gas y el de la luz. Y van... “Si el gobierno logra avanzar en eficiencia y en redistribución, sin complicar otros objetivos (como el de la desinflación) podrá marcar como un éxito la política de reacomodamiento tarifario”, postula Invecq Consulting. Dicho de otra manera, para que se frenen las tarifas hay que esperar, al menos, dos años más. En el mientras tanto, la política económica oficial debería desacelerar las subas, de tal manera que el poder adquisitivo social no siga cayendo y, a la vez, poder negociar precios en torno de la meta inflacionaria anual del 15%. Así, dejaríamos de mirar tanto las pizarras.