En presencia de la antigua doctrina del gatillo fácil

En su libro “La máquina de la inseguridad”, el autor Esteban Rodríguez Alzuelta destaca que cuando los gobiernos no quieren, no pueden o no saben cómo resolver el problema del delito pueden, sin embargo, presentarse como campeones frente al miedo al delito.

Esto es exactamente lo que está sucediendo en nuestro país (y en nuestra provincia).

Para los actores políticos, las decisiones políticas en materia de seguridad están fuertemente determinadas por la necesidad de encontrar medidas “efectivas” y populares que no sean visibilizadas por el público como signo de debilidad o como un abandono de las responsabilidades estatales.

En este marco se inscribe el apoyo del Presidente y de la ministra de Seguridad de la Nación al policía Chocobar. Es decir, que no solo obedece a la defensa de una política de seguridad pública, sino que, principalmente, este es un mensaje electoral, tal cual lo confirmó Durán Barba al afirmar que habían hecho encuestas que indicaban que la inmensa mayoría quiere la pena de muerte.

En el mismo sentido, el Gobierno provincial justificó la muerte del joven asesinado por un policía, de civil y fuera de servicio, en la Avenida Kirchner al 1.900, en el que, según un informe policial, se había identificado y dado la voz de alto. Pero no sólo eso: también lanza una y otra vez megaoperativos de saturación policial con decenas de detenidos que no tienen ningún tipo de resultado en la reducción del delito.

Como en los años 90, la inseguridad se presenta como un problema individual en torno a la protección de la integridad física y la propiedad privada. Contra ello, los gobiernos proponen mano dura y balas. Balas de plomo en la espalda, en el pecho, en las piernas, en los vecinos y vecinas, en las paredes. Detenciones ilegales, arbitrarias e infundadas. Golpes, torturas y humillaciones. Como la vieja “doctrina de la seguridad nacional”, este supuesto cambio de paradigma promueve el protagonismo de las fuerzas de seguridad para poner en caja a las clases peligrosas que desafían el “Estado de bienestar” con un llamativo desapego a la ley y con un sinnúmero de peligrosas mentiras.

En el caso Chocobar se utilizó la palabra enfrentamiento para describir una persecución de tres cuadras con nueve disparos realizados por el policía contra un joven que guardaba un cuchillo en el bolsillo. Se dijo que debía cambiarse la “doctrina de la culpa de la Policía” cuando Chocobar se encuentra en libertad porque goza de la presunción de inocencia y se insinuó que la Policía puede matar para impedir un delito, aunque ello no esté considerado en ningún tipo de normativa.

En Tucumán se detienen personas por infracción a la inconstitucional ley de contravenciones y es de público conocimiento la existencia de prácticas humillantes y de tortura en cada una de esas detenciones.

En síntesis, no estamos en presencia de ninguna nueva doctrina sino de la vieja y conocida doctrina del gatillo fácil, la que autoriza a la Policía a realizar ejecuciones extrajudiciales mientras el Estado mira para otro lado, evitando así hacerse cargo de la verdadera seguridad, la que garantiza el pleno empleo, la educación, la salud y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad en general.