Natasha Banegas no ha vuelto a caminar. Se ha mantenido en la cama del hospital Centro de Salud desde hace más de dos semanas. En esas condiciones de salud, la joven trans afirmó que ha recibido más amenazas, tras el ataque con arma de fuego. “Las personas que yo denuncié me enviaron varias cosas desagradables, que no me han gustado, mediante Facebook. No contesté los mensajes y se los mostré a la Policía”, manifestó.
El lunes 15 de este mes, dos personas ubicaron a la chica en medio de la calle y le dispararon cinco veces al cuerpo. Según denunció la mujer, los desconocidos la atacaron para cumplir con la amenaza de dos jóvenes trans y un hombre, según fueron identificados por la Justicia local.
Se desató una guerra en Tucumán por el manejo de la prostitución de mujeres trans
Banegas expresó que siente temor a lo que pueda ocurrir de aquí en más, sabiendo que en la ciudad se ha iniciado un conflicto por el manejo de la oferta sexual de las trans. “Tengo miedo a una represalia; saben que los denuncié. Varios colegas y amigas sabían que ellas me amenazaban con desfigurarme el rostro o cortarme el pelo”, acusó.
“La verdad, no tenía miedo (en ese momento). Por eso, fui una de las más perjudicadas de todas las chicas. Salí siempre ante todos y dije la verdad. Nunca me callé en el ambiente y conté lo que pasaba en la calle durante la noche”, manifestó.
En agosto de 2017, la “madama” que manejaba el mercado clandestino en la capital, una mujer trans conocida como Luisa, fue detenida en una causa judicial de extensión nacional. Mediante la investigación, se desbarató una organización que reclutaba a chicas de esa comunidad del país y las enviaban a ejercer la prostitución en Europa.
Según la Policía, no se sabe si se regentea a las chicas trans
“Antes pagábamos $ 400, pero ya no lo hacíamos desde que metieron presa a una de las chicas: Luisa Rubio. Con ella sí pagamos una plaza y nos brindaba protección. Nadie venía a molestarnos. Al caer presa, salieron todas las amenazas”, remarcó. Tras la detención de la “madama”, el grupo denunciado habría comenzado a exigir el pago de $ 800 por semana para trabajar en la calle, de acuerdo a datos judiciales.