“En Tucumán, el 80% de la población trans es trabajadora sexual; el 60% no terminó los estudios primarios; entre el 20% y el 30% terminó la secundaria; y solo un 3% está incorporada al mercado laboral de manera registrada. La situación es gravísima”, había alertado en agosto de 2017 Marcia Daniela Albornoz, miembro de la comisión directiva del Cetrans (Centro Educativo Trans de puertas abiertas).
Las declaraciones de la Licenciada en trabajo social se habían conocido en la previa del tratamiento en la Legislatura de un proyecto de ley que buscaba garantizar un cupo mínimo de personal trans en los tres poderes del Estado. La iniciativa apuntaba a alcanzar la igualdad de oportunidades para una minoría en el empleo público. Sin embargo, el proyecto no avanzó luego en el recinto.
“Dimos dictamen en la Comisión de Derechos Humanos (DDHH) al proyecto que establecía el cupo trans en la administración pública, e invitamos al sector privado a adherir. Ingresó a sesión, pero volvió a la comisión porque lo objetaron algunos legisladores. Los motivos jurídicos que dieron no fueron sólidos”, expresó ayer el radical Fernando Valdez, quien es presidente de ese cuerpo legislativo. “Lo objetaron porque rompía el principio de igualdad ante la ley, según esgrimieron”, añadió.
José María Canelada y Adela Estofán de Terraf, también del radicalismo, habían trabajado en el proyecto para involucrar a la comunidad trans.
“Voy a insistir con el tratamiento del proyecto en este año parlamentario, porque es un modo de ofrecer a un sector vulnerable una salida laboral digna”, remarcó Valdez, al ser consultado por los casos registrados en la capital en las últimas semanas.
La iniciativa estableció un cupo no inferior a un 1% para que personas travestis, transexuales y transgénero -con idoneidad para el cargo- puedan trabajar en los tres poderes de la administración pública provincial y en sus organismos centralizados y descentralizados.