Alzogaray tuvo un cargo en el Concejo en 2016

Elizabeth Rosa Alzogaray, la mujer señalada como cabecilla de la organización de falsos gestores del Instituto de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), tuvo un cargo “político” en el Concejo Deliberante de la Capital entre febrero y octubre de 2016.

El dato fue confirmado a LA GACETA por el actual presidente del cuerpo vecinal, Armando Cortalezzi (PJ), quien se abstuvo de dar más detalles sobre el caso. Sucede que el peronista aún debe responder el oficio girado por el fiscal de feria, Diego López Ávila, quien está tratando de determinar las posibles ramificaciones de esta supuesta asociación ilícita dedicada a ofrecer casas sociales a cambio de dinero.

Alzogaray obtuvo el puesto cuando el concejal Javier Aybar, aliado al intendente Germán Alfaro (Cambiemos), estaba al frente del Concejo Deliberante.

De todas formas, no está confirmado si la designación fue solicitada por alguno de los demás 17 ediles que tiene el cuerpo vecinal de San Miguel de Tucumán.

Al parecer, Alzogaray percibía un mensual relativamente bajo, en un rango de entre $3.500 y $ 5.000. Sin embargo, la relación de dependencia con la sede de Monteagudo y San Martín le garantizaba aportes jubilatorios ante la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) y la cobertura del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Ipsst, más conocido como el Subsidio de Salud).

Alzogaray presumía en las redes sociales de las fotos que se tomaba con políticos de primera línea del oficialismo tucumano. Pero esta semana los investigadores obtuvieron los primeros indicios formales entre la supuesta cabecilla de la organización y la actividad pública. Sí se sabía que en 2015 asumió la presidencia de la cooperativa Nuevo Amanecer, que tendría entre sus actividades la construcción de viviendas sociales. De todas maneras, fuentes del Ipvdu señalaron que en los registros de la repartición no consta que esa cooperativa haya realizado obras con programas habitacionales del Estado.

La confirmación de que Alzogaray tuvo un cargo en el Concejo generó conversaciones informales entre los ediles del PJ y los de Cambiemos. Todo indica que ningún espacio político está dispuesto a asumir como propio el pedido de designación de la mujer, que está imputada de estafas reiteradas. La cuestión sin embargo debería comenzar a definirse estos días, cuando llegue a tribunales la respuesta al oficio requerido por el fiscal de feria.

López Ávila, mientras tanto, dispuso además pedidos de informes a la Legislatura y a la Casa de Gobierno, debido a las versiones según las cuales Alzogaray habría contado con un lugar de atención en una sede oficial.

En WhatsApp

Según los testimonios recabados por la fiscalía de feria, Alzogaray habría contado con la colaboración de varias personas para coordinar la oferta de casas del Ipvdu en Manantial Sur, Lomas de Tafí y Yerba Buena. Además de ella, están detenidas otras cinco mujeres y permanecen prófugos tres hombres. Al parecer, cada uno de los falsos gestores manejaba un grupo de WhatsApp que se denominaba “Nuestro Sueño”. Allí sumaban a los interesados en evitar los trámites formales ante el Instituto de la Vivienda. Según las denuncias, había que pagar desde $ 4.000 (algunos dicen haber entregado $ 100.000) y llevar una carpeta con documentación personal acceder a un inmueble.

López Ávila está tratando de dilucidar si efectivamente esta organización tenía contactos como para garantizar una propiedad. La hipótesis del fiscal de feria contempla que, por alguna razón, las supuestas adjudicaciones se vieron frustradas. Si bien los coordinadores de los grupos de WhatsApp dieron nuevas fechas y trataron de convencer a los interesados de que pronto iban a obtener las llaves, el malestar se hizo generalizado y la situación tomó estado público.

El domingo, luego de que López Ávila solicitara su captura internacional, Alzogaray se presentó en la sede penal de Tribunales.

Ayer, el equipo de la fiscalía obtuvo nuevos testimonios que describen detalles de la maniobra. Todavía no hay una cifra oficial de damnificados. De hecho, los investigadores tienen en claro que no todos harán la denuncia penal, ya que los caminos seguidos para obtener las casas eran irregulares. Sí está claro que el volumen de dinero que se puso en juego era multimillonario.