El fiscal de feria pide informes para determinar si Alzogaray trabajó en el Concejo de la capital

La Justicia penal suma elementos que vinculan a Elizabeth Rosa Alzogaray, la cabecilla de la supuesta organización de falsos gestores de casas sociales, con el mundo de la actividad política.

Según confirmó la fiscalía de feria, a cargo de Diego López Ávila, en los allanamientos concretados el fin de semana se secuestró una boleta de sueldo emitida por el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán a nombre de la mujer, que está imputada por las presuntas estafas reiteradas.

Ante esto, el fiscal dispuso el envío de oficios al cuerpo vecinal para confirmar o desestimar ese dato. López Ávila requirió al Concejo que, en caso de respuesta afirmativa, se indique qué dirigente había solicitado la prestación de servicios de Alzogaray.

Según la versión de los afectados por la organización de falsos gestores, la “cabecilla” presumía en las redes sociales de las fotos que se tomaba con dirigentes políticos de primera línea. Al parecer, ella contaba con la colaboración de varios “coordinadores”, que anunciaban los trámites a seguir y las supuestas fechas de entrega de viviendas sociales a través de grupos de WhatsApp. Los testimonios coinciden en que para asegurarse la adjudicación de un inmueble en Manantial Sur (capital), Lomas de Tafí (Tafí Viejo) y Yerba Buena los interesados debían pagar desde $4.000; hay sin embargo quienes dicen haber abonado $100.000 para evitar los trámites ante Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). Alzogaray, sobre quien pesaba una orden de captura internacional, se entregó el domingo y se abstuvo de declarar, por lo que se desconoce aún su versión sobre lo ocurrido.

Mientras tanto, el fiscal de feria sigue buscando evidencias que sustenten la hipótesis de que la asociación ilícita de falsos gestores contaba con un nexo político.

La interventora del Ipvdu, Noemí Ferrioli, negó que Alzogaray fuera empleada del organismo (resta que se confirme si tenía un pariente trabajando allí, como declaró otra detenida). De todas formas, el hallazgo de la boleta de sueldo emitida por el Concejo de la capital abre una nueva línea en la investigación.

Nueve meses

Datos a los que accedió LA GACETA indican que Alzogaray obtuvo aportes jubilatorios de la administración pública provincial durante nueve meses, entre febrero y octubre de 2016.

Como los tres poderes del Estado provincial -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y las reparticiones públicas de esta jurisdicción -municipios, comunas, entes autárquicos, etcétera- comparten el número de Código Único de Identificación Laboral (CUIL) de empleador, ese informe sólo confirmaría una relación formal entre un órgano estatal y Alzogaray.

El oficio enviado por López Ávila al Concejo podría aportar más datos al respecto. De todas maneras, en el cuerpo vecinal anticiparon a este diario que los detalles de la respuesta, en caso de ser positiva, dependerán del tipo de contrato de la sospechosa.

Por ejemplo -explicó una fuente que suele tener acceso a estos trámites-, si se trató de una designación a pedido de un concejal o de un jefe de despacho puntual, esa información podría haber quedado reflejada en el instrumento de designación. Sin embargo, si la incorporación fue en un cargo “político” -como los que también tiene la Legislatura-, sólo quedaría registrada bajo la órbita de la Presidencia del Concejo. Entre 2015 y 2017 ese sillón fue ocupado por el edil Javier Aybar, que es aliado del intendente Germán Alfaro (Cambiemos). A partir del año pasado, la conducción del cuerpo quedó en manos del concejal peronista Armando Cortalezzi, que responde al gobernador Juan Manzur (PJ).