29 Enero 2018
En base a la hipótesis del fiscal de feria Diego López Ávila de que Elizabeth Alzogaray sería la “cabecilla” de una asociación ilícita, determinar el rol y la permanencia del tiempo de cada una de las personas que forman parte de ese grupo, es fundamental. Esto informó Alejandro Biagosch, abogado defensor de un grupo de damnificados. También adelantó a LA GACETA que “tomará la causa” y se presentará como querellante.
Biagosch considera que hay dos vías de acción. Por un lado, la presentación como querellantes de los afectados para “proponer medidas de investigación como cruces de llamadas telefónicas, informes de las empresas de telefonía celular y ampliación de los allanamientos”. Por otra parte, como una demanda de carácter civil para “proceder a la indemnización por daños y perjuicios y a la devolución de dinero”.
“Si estamos seguros que esta mujer (Alzogaray) entregó 50 viviendas es porque obviamente tiene relaciones o con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) o con personas del Gobierno”, dijo. En su opinión, hay una “finalidad política” detrás de la operatoria de la entrega de casas por presuntos falsos gestores.
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