Marcharán para reclamar por trabajo para las mujeres trans

“Hubo una reunión para definir varios temas. Estamos organizando una marcha para la próxima semana para reclamar varios puntos. No sólo pretendemos exigir justicia por Natasha (Banegas), sino para que se respeten los derechos de las chicas trans en esta provincia”, explicó Rolando Singh.

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El comerciante indicó que pretenden que la protesta tenga dos ejes centrales: que se apruebe la Ley de Cupo Laboral en la Legislatura y exigir justicia por todas las mujeres que perdieron la vida en los últimos tiempos. En esa lista figuran Ayelen Gómez (que habría víctima de un homicidio en ocasión de robo) y de Lourdes Anahí Reynoso, que fue ultimada en Río Nío por Julio Paladini, su ex pareja.

“De esta manifestación participará toda la comunidad LGBT (Lesbianas, Gay, Bisexuales y Trans) para que desde el Gobierno se les brinde contención. Las que están en la calle necesitan un refugio para tener una mayor inserción laboral”, comentó.

Singh explicó que en el país hay 14 provincias que cuentan con medidas de protección para estas ciudadanas y puso como ejemplo que en Córdoba hace bastante tiempo funciona una oficina de Diversidad Sexual. “Necesitamos de un ámbito para expresar todos nuestros problemas”, indicó.

Marcia Daniela Albornoz, licenciada en trabajo social y miembro de la comisión directiva del Cetrans (Centro Educativo Trans de Puertas Abiertas) estimó que en nuestra provincia el 80% de la población trans es trabajadora sexual; el 60% no terminó los estudios primarios; entre el 20% y el 30% terminó la secundaria; y sólo un 3% está incorporado al mercado laboral de manera registrada.

Ante ese panorama, los legisladores radicales José María Canelada y Adela Estofán de Terraf recordaron que habían trabajado sobre un proyecto que involucre a la comunidad trans. La iniciativa, que ya cuenta con el dictamen de la comisión de Legislación Social, establece un cupo no inferior al 1% para que personas travestis, transexuales y transgénero -con idoneidad para el cargo- puedan trabajar en los tres poderes de la administración pública provincial y en sus organismos centralizados y descentralizados. Ese porcentaje, se advierte, debe ser aplicado en la planta de personal permanente, temporario y transitorio, y en cualquier otra modalidad de contratación. Pero hasta el momento, ese proyecto no llegó al recinto.