27 Enero 2018
Es valioso porque tiene que ver con la historia de una comunidad, porque expresa rasgos de su identidad. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el patrimonio cultural es el conjunto de bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, de propiedad de particulares o de instituciones u organismos públicos o semipúblicos que tengan valor excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte, de la ciencia y de la cultura y por lo tanto, sean dignos de ser considerados y conservados para la nación.
Sin embargo, desde hace unos lustros en Tucumán, viene sucediendo lo contrario, especialmente en lo que al patrimonio arquitectónico se refiere. Tras varios años de lucha, un grupo de ciudadanos evitó que se demoliera la Casa Sucar, ubicada en Salta 532, que en 2023 cumplirá un siglo. Para evitar que se destruyera la adquirió la Municipalidad capitalina, que tuvo que vencer la tenaz resistencia de un grupo de concejales que se oponían. La idea era destinarla a un espacio cultural. Pero la historia no terminó allí.
En marzo pasado, el marco de la revalorización, se solicitó la modificación del artículo 41 del Código de Planeamiento Urbano para que se preservara la zona que sería destinada a un paseo urbano y se protegieran las tres casas que forman el conjunto y no se permitieran edificios en altura. La Dirección de Planeamiento Urbanística y Ambiental del municipio fue la autora de la iniciativa, que surgió del consenso con las universidades, el Colegio de Arquitectos y miembros de organizaciones civiles. El proyecto no fue aún considerado por el Concejo Deliberante. En estos días, se ha reavivado el debate. Un grupo defiende la conservación las propiedades aledañas a la vieja casona. El otro se opone, argumentando que la iniciativa es inconstitucional y avanza contra la propiedad privada. Como se sabe, dos de las propiedades han sido adquiridas por una constructora, uno de cuyos dueños es un ex gobernador.
Según el Colegio de Arquitectos de Tucumán, la casa Sucar es “una pieza de indiscutible valor arquitectónico; desde el punto de vista urbano integra, junto con las propiedades vecinas, un conjunto de excepcionales características morfológicas de una cuadra de irrepetible significado paisajístico-ambiental”.
El patrimonio arquitectónico viene siendo vapuleado desde hace tiempo. Las marchas ciudadanas “Tucumán no se vende” que se gestaron en 2007-2008 impidieron que el Gobierno provincial desafectara del sistema patrimonial seis inmuebles históricos para venderlos. Obligaron también a la sanción de una nueva ley. En 2011, la piqueta se llevó de la vida de la Casa Diker (Santa Fe al 600), proyectada por el prestigioso arquitecto Eduardo Sacriste. En 2016, la Legislatura aprobó la donación de 17 hectáreas para que la Facultad Regional Tucumán de la UTN erigiera su campus deportivo y tecnológico. Para lograr la aprobación de la norma, los representantes del pueblo que la votaron desafectaron el terreno de las leyes N° 6.478 (creación del parque Centenario 9 de Julio) y la N° 7.500 (protección del patrimonio) y se ignoró el artículo 145 de la Constitución provincial; tampoco se había consultado a la Comisión de Patrimonio. Tras numerosas críticas, la norma fue vetada.
Ante tantos desaguisados legales promovidos por nuestros mismos representantes, cuesta entender que alguien pueda oponerse a conservar el valioso patrimonio de la comunidad y levante banderas de intereses sectoriales, amparándose en una supuesta defensa de la “constitucionalidad”. Si continuamos dando piedra libre a la piqueta y a los negocios inmobiliarios, se seguirá amputando la memoria de San Miguel de Tucumán, que de ciudad histórica tiene cada vez menos.
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