Un grupo de presuntos estafados por falsos “gestores” de viviendas sociales se reunieron ayer por tercera vez consecutiva en la plaza Independencia para exigirle al Gobierno una respuesta.
Pasadas las 10, seis representantes ingresaron a la Casa de Gobierno, en donde fueron recibidos por la secretaria de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse. Según relataron, la funcionaria ratificó el llamado a realizar la denuncia correspondiente en la fiscalía de feria o en cualquier comisaría de la provincia, para que la Justicia determine el número de damnificados.
Los afectados también pretenden que el Gobierno gestione ante el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano el acceso o la prioridad en padrones del Ipvdu, y flexibilidad para aquellos que no reúnan las condiciones para ingresar. “El Gobierno nos pide la cordura y la paciencia necesaria para que se investiguen a todos los que están involucrados en la estafa”, dijo Manuel Liquitay, uno de los voceros de los manifestantes.
Muchos perjudicados hicieron hincapié en que fueron estafados porque no alcanzan a reunir el sueldo mínimo que se requiere en el Ipvdu para acceder a la inscripción de una vivienda social. “Sabíamos de otras situaciones, hemos caído en esta gran estafa por no haber tenido capital. Porque se vendieron casas (en Lomas de Tafí) por $250.000. Seríamos un delincuente más que tiene casa propia; hay muchos ciudadanos en la provincia que han comprado los espacios con ciertas autoridades, sabemos quiénes son y daremos los nombres en la Justicia”, arremetió Liquitay.
Los presuntos estafados también llevaron sus reclamos a la Defensoría del Pueblo, en donde les pusieron a su disposición un abogado. “Vamos a llegar a la vivienda luchando, diariamente, con respuestas legales. Estamos ya inscriptos en el Instituto desde este momento, se va a bajar el monto de la inscripción para acceder a una casa, para que todos podamos acceder por vía legal a la vivienda, hay un dialogo por parte de ellos (el Gobierno) para que se llegue a esa instancia”, explicó Eugenia Suárez, una damnificada.
Reunidos frente a Casa de Gobierno, recolectaron fotocopias de DNI y números de teléfono para elaborar una carpeta. “Vamos a ir a Tribunales a efectuar las denuncias en la fiscalía. Nos estafaron, estábamos esperando viviendas en Lomas de Tafí, en Manantial Sur y en Yerba Buena. Hay que esperar que resuelva esta situación el fiscal, vamos a ser pacientes. Luego tenemos que ir a hablar con el jefe de la policía para que controle a las comisarías, en todas se tiene que recibir las denuncias que va a ir a hacer cada afectado”, finalizó Liquitay.