Los "gestores" no aparecen y los que pagaron anticipos por casas sociales quieren ocuparlas

María Rosa Reinoso está embarazada de cuatro meses y carga en brazos a su hija de tres años. “No tengo dónde estar; mi situación es desesperante, me están prestando un lugar para vivir”, relata la joven. Está parada junto a una de las casas de Manantial Sur que, según le habían prometido, iban a entregarle ayer. Pero eso no ocurrió. El supuesto “gestor” del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) que había contactado ni siquiera apareció por allí.

Video: la Policía impidió que usurparan casas del Instituto Provincial de la Vivienda

Al lado de María Rosa hay otras 200 personas. Todas están indignadas: al igual que ella, tenían esperanzas de comenzar a instalarse en las unidades sociales de la manzana “C” de ese barrio, situado al sur de la capital. El sueño del hogar propio, sin embargo, se topó con un estricto operativo policial. Con el correr de las horas, la tensión fue creciendo, al punto que los manifestantes decidieron tratar de entrar por la fuerza a los inmuebles. “(Los policías) nos dijeron que nos marchemos, porque no se entregará nada. Yo me voy, porque es peligroso”, señaló Reinoso.

Anuncio y postergación

La semana pasada, el Ipvdu había advertido sobre la existencia de falsos gestores. Según el comunicado oficial, se trata de “personas inescrupulosas” que cobran dinero a cambio de realizar trámites relacionados con la inscripción o adjudicación de casas edificadas mediante programas sociales.

Según las versiones que recogió LA GACETA, había al menos una persona encargada de coordinar a varios “punteros”. Estos, a su vez, administraban diversos grupos de WhatsApp, en los que figuraban los interesados en acceder a una casa mediante un aporte.

Para ayer, en principio, estaba previsto el sorteo de las casas de Manantial Sur. Al parecer, como el escándalo de los falsos gestores tomó estado público, los “organizadores” comunicaron en los grupos de WhatsApp que el acto se postergaba hasta nuevo aviso.

Los interesados no se conformaron. Cerca de las 17 se presentaron en el sitio pautado: un sector del barrio ubicado a la altura de avenida Colón al 3.700. Junto con ellos llegó la Policía. Los minutos pasaban y el enojo crecía. Pasadas las 18, se dieron cuenta de que ninguno de los supuestos gestores iba a aparecer. Comenzaron a comparar cuánto había pagado cada uno por los trámites. La mayoría hablaba de $4.000, pero en ciertos casos la cifra alcanzaba los $30.000. También cotejaron la fecha de inscripción, y algunos de ellos afirmaron que están a la espera desde 2015; otros habían acercado el dinero el año pasado. ¿Un punto en común? Cada vez que la fecha de entrega se acercaba, surgía un problema que obligaba a una nueva postergación.

Una hora más tarde la paciencia se había agotado. Quienes habían pagado el anticipo se ubicaron a la puerta de una casa al azar, y el rumor de una usurpación colectiva comenzó a circular en la zona. Los ánimos se aplacaron cuando les prometieron que iban a atenderlos en el IPV. Pero el conflicto, por ahora, tiene final abierto.