23 Enero 2018
BUENOS AIRES.- La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, ratificó que están en plena investigación los escándalos que protagonizaron los ministros nacionales de Trabajo, Jorge Triaca; y de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, ambos denunciados por presuntas irregularidades.
Según la funcionaria, en el caso del ministro de Trabajo la investigación se encuentra “en una primera etapa de recolección de información y pruebas”. La OA investiga a Triaca por la designación de una empleada doméstica de su familia en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).
En cuanto a Etchevehere, señaló que el proceso se encuentra “en la etapa de descargo” del funcionario, que es “el paso previo a la Resolución de la OA”. Etchevehere habría recibido a fines del año pasado un bono de $ 500.000 por parte de la Sociedad Rural Argentina (SRA) para compensar los ingresos que dejaría de percibir al sumarse al gabinete nacional. El ex titular de la SRA argumentó que antes de recibir ese monto, le consultó a la Oficina Anticorrupción si era correcto y aseguró que le dijeron que “no había inconveniente”.
El procedimiento
Alonso publicó también un instructivo respecto de cómo investiga la OA las potenciales violaciones a la Ley de Ética Pública. En ese texto precisa que primero “realiza un análisis inicial basado en información de acceso público y/o obrante en la Oficina Anticorrupción”. Luego determina “el objeto de la investigación, los hechos y/o circunstancias relevantes que deben ser acreditadas, y, las medidas de prueba a realizar”.
Después, dice, “se notifica al funcionario bajo análisis, quien accede a la copia completa del expediente, para que haga su descargo y ejerza su derecho a la defensa, una vez finalizada la producción de prueba”.Con todos esos datos, “se elabora el Informe Técnico que analiza toda la documentación y la normativa aplicable en el expediente, sugiriendo la resolución a adoptar por el titular de la OA”.
El proceso continúa con la elaboración de un Proyecto de Resolución, que se envía a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia, para que verifique la legalidad del procedimiento y el contenido del proyecto.
Una vez devuelto, la Oficina Anticorrupción dicta la Resolución que envía al funcionario implicado y publica en la web, con la descripción detallada del caso, la normativa aplicable, la valoración de la prueba, el procedimiento, un informe técnico y una parte resolutiva con instrucciones, recomendaciones o sanciones. (Télam)
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