Un decreto de Macri tensa la paritaria docente

El decreto presidencial que modifica el esquema de las negociaciones paritarias docentes puso en alerta a los gremios más representativos; especialmente a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera). Uno de los reproches más fuertes es que les quita presencia en la mesa negociadora, traslada la discusión al ámbito provincial y establece apenas un piso del 20% de aumento por encima del salario mínimo, vital y móvil. Por esto, adelantaron que irán a la Justicia para pedir que se declare la inconstitucionalidad de la medida.

En Tucumán, los dirigentes docentes también quedaron en alerta. David Toledo, titular de la Asociación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP, en línea con Ctera) confirmó que respaldan la decisión de acudir a la Justicia. Dijo que el decreto de Mauricio Macri “echa por tierra” el sacrificio de la docencia para obtener espacios de discusión. “Algo que se había logrado con la ley de Financiamiento Educativo (26.075) de 2007”, remarcó.

Una de las representantes de la educación privada (Sadop), Teresa Hernández de Ramayo, fue tajante: “Realmente (el decreto) es demoledor porque se carga con la paritaria nacional, destruyendo una construcción política y legal que se había dado en el país”. Ramayo explicó cuál fue el contexto social y político que llevó a la creación de una mesa de negociación nacional. “Recién había asumido (Néstor) Kirchner cuando estalló un conflicto en Entre Ríos, donde se vio la desigualdad que había entre las provincias”, comentó. A raíz de esto, dijo, es que en 2007 se reglamentó la ley de Financiamiento Educativo que fijó un piso nacional y comprometió el auxilio de la Nación a las provincias más pobres.

“En el caso de Sadop estamos doblemente afectados con este decreto porque nos saca de la mesa negociadora y nos envía a discutir con el Ministerio de Educación y los patrones”, señaló la dirigente. Ocurre que el decreto fija que la mesa debe estar conformada por los gremios de gestión estatal.

Desde la educación técnica provincial plantearons sus dudas por el decreto. “Nada que se hace por decreto es bueno, lo estamos por analizar”, dijo Edgardo Bessone (AMET).

El decreto que se publicó ayer en el Boletín Oficial modifica cinco artículos (2°, 3°, 4°, 6° y 7°) y deroga dos (el 5° y el 13°) del decreto 457/2007, que reglamenta a la Ley de Financiamiento Educativo.

Apunta a cuestiones muy puntuales, como el tema de la jurisdicción, la cantidad de representantes gremiales para la negociación y el piso salarial docente.

En cuanto al artículo 6°, hasta ayer esa norma establecía que gremios y Estado debían sentarse a discutir temas vinculados a la relación laboral entre las partes, entre ellos “retribución mínima de los trabajadores docentes” y materias de “índole económica”. Con esta modificación ese ítem desapareció y solo se establece que en la mesa de discusión se hablará de cuestiones como “condiciones de ingreso a la carrera docente”, “régimen de vacantes”, “jornadas de trabajo”, y “derechos sociales y previsionales”.

En cuanto a la cantidad de representantes, el artículo 3° dejaba constancia que la representación de los gremios era “proporcional a la cantidad de afiliados”.

Ahora habrá solo un miembro de “cada asociación sindical de primer, segundo y tercer grado”. De esta forma, se debilita el poder de Ctera en la discusión, uno de los sindicatos más opositores al Gobierno de Macri. “Esto es un ataque directo a esta central”, coincidió Ramayo (Sadop).

Toledo mencionó que la representatividad tiene que estar dada por la “envergadura” del gremio. “No es lo mismo 350.000 afiliados que 50.000”, dijo. El tercer punto -igual de criticado- es el que fija el piso referido al salario mínimo docente. El decreto aclara que no puede ser inferior al 20% por encima del salario mínimo vital y móvil, según un acta firmada en febrero de 2016. “Lo que ocurre es que la Nación ya ha decretado que el piso salarial de la docencia no puede ser inferior a un 20% del mínimo vital y móvil, que es de $ 9.700. Esto da a entender que es ocioso que se reúna la paritaria nacional”, dijo Toledo.

“No olvidemos que esto se hace por decreto y mediante ese instrumento se quiere cambiar un andamiaje legal”, remarcó Ramayo.