La desaparición del submarino ARA San Juan llega al Congreso

En coincidencia con los dos meses del último contacto con el submarino ARA San Juan, que permanece desaparecido con sus 44 tripulantes en el Atlántico Sur, el Gobierno nacional publicó ayer en el Boletín Oficial de la Nación la ley de creación de la Comisión Bicameral, que tendrá un año -prorrogable por 12 meses más- para elevar un informe sobre el caso.

El equipo, que contará con seis senadores y seis diputados, deberá investigar todo lo referido a la “desaparición, búsqueda y operaciones de rescate del submarino”. De esta forma, los miembros del Congreso tendrán la facultad de iniciar trámites de oficio, citar a funcionarios, solicitar informes y documentos y realizar reuniones -incluso secretas y reservadas- para arribar a las conclusiones finales.

Los resultados -tanto parciales como definitivos- “serán obligatoriamente públicos”, expresa la ley nacional 27.433, promulgada a través del decreto 40/2018, con la firma del presidente, Mauricio Macri. El último informe deberá contener además “una opinión fundada” sobre la “determinación de las posibles causas de la desaparición de la nave, el desempeño de los mandos de la Armada Argentina, y el de las autoridades del Ministerio de Defensa de la Nación”.

¿Cuándo fue el último contacto? El 15 de noviembre, a la mañana. Se detectó una anomalía hidroacústica (un ruido en el mar).

¿A qué se adjudica ese ruido? La Armada indicó que no hará “conjeturas” al respecto. Una hipótesis es una falla en las baterías.

¿Pudo existir un ataque? Según la Armada, el “ruido” captado no se condice con un misil o una circunstancia similar.

¿Hay posibilidades de que estén con vida? La Armada lo descarta. De hecho, ya retiró los equipos de rescate. Sólo rastrillan.

¿Hasta cuándo se mantendrá la búsqueda? La Nación dice que no abandonará los rastrillajes. Rusia y otros países colaboran.

El documento final deberá explicar dos circunstancias que inquietan a los familiares de la tripulación: las “condiciones de mantenimiento de la nave, previas a la autorización de la misión, detallando la existencia de averías o fallas técnicas”; y el “detalle de la misión encomendada al submarino y su desarrollo, incluyendo el informe pormenorizado de las comunicaciones, durante la travesía”.

La Bicameral tendrá por objetivo “el análisis, la evaluación y el esclarecimiento de las causas y circunstancias del siniestro de la embarcación, el desarrollo de las acciones desplegadas por el Estado argentino para su hallazgo y el desempeño de la cooperación internacional recibida para su localización y rescate”. Resta que el Senado y Diputados designen, a través de la conducción del cuerpo, sus respectivos seis miembros. Según la ley 27.433, se deberá respetar “la pluralidad de la representación de ambas cámaras”.

La Comisión también contará con un equipo de especialistas. Estará integrado “por cinco miembros, que serán militares retirados de la Armada Argentina sin procesamientos ni condenas por delitos de lesa humanidad, con grado no inferior a contraalmirante, y/o civiles con reconocida trayectoria y experticia en defensa nacional”.

La normativa otorga máximos atributos a la Bicameral. Según el artículo 5°, el comité “podrá acceder a documentación e información secreta relativa a la desaparición, búsqueda y operaciones de rescate del submarino ARA San Juan”. En ese sentido, contará “con los mismos términos y con las mismas facultades atribuidas” a la comisión que fiscaliza los organismos de inteligencia en el país. Por ello, se les entregará a los legisladores miembros “un listado completo de la tripulación a bordo y el detalle de las funciones que cumplía cada tripulante”, además de “un análisis de las condiciones de adiestramiento de la tripulación”, entre otras cuestiones.

La ley ordena a la Comisión Bicameral tener “especial consideración por las solicitudes y requerimientos de los familiares de los tripulantes en relación con la investigación, estudio y análisis” del caso.

De hecho, las familias de los 44 tripulantes del ARA San Juan “podrán participar en calidad de observadores en las reuniones de la Comisión Especial Investigadora, a excepción de aquellas que sean declaradas secretas y/o reservadas”. (Télam-Especial)