La emergencia económica se mantiene en varias provincias

Aunque la Nación salió de la Emergencia Económica, varias provincias del país mantienen o extendieron ese estado de excepción legal en este último tiempo. Entre ellas, Tucumán.

El sábado 6 de este mes, y luego de 16 años de vigencia, la ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario que había sido sancionada el 6 de enero de 2002 no fue renovada y con ella quedaron atrás facultades delegadas al Poder Ejecutivo Nacional.

La norma, a la que muchas provincias adhirieron con el correr de los años, se remonta a la caída del gobierno de Fernando de la Rúa y a una crisis económica y social sin precedentes. La “emergencia” delegaba en el Ejecutivo una serie de facultades extraordinarias, como establecer el sistema que fija el tipo de cambio entre el peso y las divisas extranjeras, pautar retenciones a la exportación de hidrocarburos, fijar tarifas y renegociar los contratos de servicios públicos en manos de empresas privadas y regular los precios de la canasta básica.

Además de Tucumán, otros distritos extendieron la vida de la emergencia económica a fines de 2017 y principios de 2018. En Salta, el gobernador Juan Manuel Urtubey decidió prorrogarla el año pasado por decreto. Chaco la renovó en diciembre. En el sur del país, Chubut la renovó la semana pasada. También rige en las lejanas Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Blindaje vigente

Sin embargo, la caída de esa normativa no implicó el cese de las disposiciones que blindan las cuentas públicas nacionales. Principalmente, porque se mantiene en pie la Ley N° 25.973, que fija el Régimen de Inembargabilidad del erario.

Esa salvedad no fue pasada por alto en la Casa de Gobierno tucumano durante los últimos días. Ocurre que, a fines de 2017, la Provincia extendió por dos años más la emergencia económica y, en consecuencia, continuó con las normas que proteger los fondos del Estado ante eventuales embargos.

¿Complica al Gobierno provincial que la Nación haya salido de la declaración de emergencia económica? Según funcionarios de la Provincia, no. No obstante, admitieron ante consultas de este diario que seguramente será motivo de debate jurídico el nuevo marco normativo, teniendo en cuenta que la vigencia del régimen de inembargabilidad provincial siempre fue objeto de planteos judiciales.

En Fiscalía de Estado, incluso tienen la tranquilidad de que las normas provinciales que resguardan las cuentas no corren peligro. Puntualmente, porque el blindaje al erario tiene su amparo en la Ley provincial N° 8.851. A diferencia de las normas anteriores de inembargabilidad de las cuentas públicas, esta última creó -vía decreto reglamentario- el Registro de Sentencias Condenatorias (RSC) en la órbita de la Fiscalía de Estado. Esa base de datos incluye, por estricto orden de antigüedad, los fallos firmes contra la Provincia. Mediante ese registro, se inscriben los acreedores.

El primer año de vigencia del RSC fue exitoso: el último día hábil de 2017 se terminaron de pagar los $ 52,4 millones previstos para ese año en el Registro, mediante depósitos judiciales. En total, ese monto involucra a 123 expedientes ingresados hasta el 31 de julio de 2016, con 176 beneficiarios (24 carpetas corresponden a diferencias previsionales en favor de 61 jubilados).

La Ley N° 8.851, además, encuentra su paraguas en la Ley N° 25.973, vigente desde diciembre de 2004 en el país. “La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es pacífica en consagrar la constitucionalidad del régimen nacional al cual adhirió la provincia”, reseñó un funcionario de primera línea del gobierno de Juan Manzur.

La situación normativa

1. El 6 de enero quedó sin efecto la Ley de Emergencia Económica en la Nación. Luego de 16 años, el PEN decidió no renovarla.

2. Varias provincias siguen bajo declaración de emergencia económica. En el caso de Tucumán, se prorrogó hasta diciembre de 2019.

3. La inembargabilidad de las cuentas públicas provinciales está intacta, porque está en vigencia la Ley nacional 25.973, que sirve de “paraguas”.