La carencia de centros para la recuperación de adictos

Con frecuencia se afirma que los argentinos somos exponentes del contrasentido, especialmente la clase dirigente que manifiesta una cosa y hace otra, o inicia algo y no lo concluye. La droga es una de las grandes calamidades de la sociedad actual. Se ha convertido en una herramienta de destrucción que no reconoce edad ni condición social, aunque sus víctimas preferidas son los adolescentes y los jóvenes. Las promesas de las autoridades de profundizar la lucha contra el narcotráfico han sido constantes en los últimos años.

La Costanera es una de las zonas más castigadas de la ciudad por la droga y los transas. Por influjo del paco, muchos jóvenes se destruyen a diario bajo y en casos extremos, se suicidan. Desde hace años, las Madres del Pañuelo Negro y aquellas agrupaciones que pertenecen a La Hermandad de los Barrios, conformada por siete villas miseria, vienen reclamándole al Gobierno provincial centros de atención donde los adictos pueda ser tratados y rehabilitados socialmente.

Tristemente emblemático es el Centro Preventivo Local de las Adicciones (Cepla), cuya construcción se inició en 2015 y su costo era de $7 millones, pero la obra se paralizó en diciembre de ese año cuando se había construido un 43%. Los trabajos se interrumpieron porque la Nación le debía a la constructora los certificados de obra impagos desde 2015. La deuda ya fue abonada por la actual administración nacional, pero la empresa exige que le paguen intereses y fondos extra por la puesta a punto de la estructura en pie, que fue saqueada durante el tiempo que estuvo detenida. En 2016, el secretario general de la Gobernación dijo que se necesitaban alrededor de $8 millones para su conclusión. En octubre de ese año, el responsable de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de la Nación (Sedronar) les había prometido a las madres que en marzo de 2017 estaría terminado. El secretario provincial de Gobierno les había afirmado que si la Nación no enviaba los fondos, la Provincia se haría cargo.

En septiembre pasado, tras la muerte de un adolescente de 15 años que luchaba contra su adicción al paco, las Madres del Pañuelo Negro manifestaron la plaza Independencia para exigirle al Gobierno que incrementara las medidas contra las drogas en los barrios vulnerables y pidieron nuevamente que se concluyera el Cepla. “Ayúdenme a que mis hijos otro tres hijos adictos ni mueran. Tienen 12, 19 y 26. No quiero enterrar más hijos por el paco”, dijo la madre de Huguito, el chico que vivía en la Costanera y se había suicidado.

La realidad refleja cuál es el real interés de nuestros representantes por combatir sin tregua el negocio de la droga y asistir a sus víctimas. En los últimos lustros Tucumán recibió de la Nación un sostenido e importante apoyo económico, pero es evidente que a la clase dirigente no le llamaron la atención los chicos que se suicidan por el consumo de paco, ni el dolor de sus madres que vienen suplicando ayuda desde hace casi una década. Es alarmante la orfandad de centros para el tratamiento y la recuperación de los adictos, así como la falta de una política integral que contemple salud, educación, deporte, trabajo, seguridad, para enfrentar a este poderoso enemigo que se está destruyendo la vida de cientos de jóvenes y adolescentes.