Por el caso del preso asesinado en la cárcel se entregaron dos miembros de Institutos Penales

Se entregaron a la medianoche. Walter Pato, jefe del Departamento Personal, y Fernando Cisterna, responsable de las Unidades 1 y 2 del penal de Villa Urquiza, llegaron a última hora del domingo a la base de la Dirección de Investigaciones de la Policía y fueron puestos a disposición del personal de la División Homicidios de esa unidad especial.

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Pato y Cisterna quedaron alojados en la Alcaldía del edificio policial de calle Junín al 800. No se descarta que sean traslados a la Dirección de Bomberos, donde por lo general son llevados los miembros de las fuerzas de seguridad que son detenidos.

Ambos son investigados por el crimen de Sebastián Fernando Medina, el preso asesinado en el patio de la penitenciaría después de que denunciara, junto con un compañero (su identidad se mantiene en reserva por tratarse de un testigo protegido), a miembros del Servicio Penitenciario, por la presunta venta de estupefacientes dentro de la penitenciaría.

Los funcionarios se entregaron luego de que la Cámara de Apelaciones rechazara un habeas corpus interpuesto por la defensora de ambos, Julieta Jorrat.

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“Nada que esconder”

“Mis defendidos no tienen intenciones de eludir el proceso, todo lo contrario, no tienen nada que esconder. Por eso se presentaron, para evitar desgastes en la investigación”, informó Jorrat a LA GACETA. La letrada aseguró que recién en la mañana de ayer se enteró de que la Cámara de Apelaciones no había hecho lugar a su planteo.

Los funcionarios de Institutos Penales fueron procesados por la fiscala Adriana Giannoni, que investiga el asesinato de Medina, ocurrido el 22 de noviembre pasado.

El miércoles 27 de diciembre, Pato y Cisterna estuvieron detenidos durante seis horas en la Alcaldía de Tribunales Penales, de Sarmiento al 400, luego de prestar declaración indagatoria. Esa madrugada, el juez Alejandro Tomas, les concedió la libertad.

Sin embargo, dos días después, Giannoni logró que otro juez, Víctor Pérez, -luego de que Víctor Rougés se inhibiera- tomara ladecisión de pedir nuevamente la detención de Pato y Cisterna, horas después de que el Poder Ejecutivo resolviera el cambio de las autoridades de la Dirección de Instituto Penales de la provincia.

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El traslado

Por el momento no se ha constatado que existiera una orden oficial de traslado de los internos desde la Comisaría 7ª (donde estaban alojados en calidad de testigos protegidos), hasta Villa Urquiza, donde estaban por guardiacárceles a los que habían denunciado por venta de drogas.

Según Jorrat, sí hubo pedido de traslado, aunque no fue emitido por escrito, sino telefónicamente. “Se trató de una orden verbal, que evidentemente fue dada y sostenida por el Juzgado. Ellos (en referencia al personal del Juzgado) fueron al penal y hablaron con el interno. Tendrían que haber tomado inmediatamente medidas para evitar lo que ocurrió. Hubo un incumplimiento de funciones de parte de ellos”, expresó.

En la causa se investiga si Medina fue desprotegido por los guardiacárceles para que fuera asesinado. Por el hecho, la Corte Suprema de Justicia de la provincia dispuso que el inicio de un sumario administrativo al Juzgado de Ejecución de Sentencias en lo Penal. Mientras tanto, el fiscal federal, Pablo Camuña, lleva adelante la instrucción por la supuesta venta de estupefacientes en el penal.

El caso

Medina, de 31 años, cumplía una condena de menos de seis años por haber participado en un robo agravado y estaba a punto de recuperar la libertad.

Él sostuvo que junto con otro preso se negaron a seguir vendiendo estupefacientes para los guardicárceles, según consta en la denuncia ante el juez de Ejecución de Sentencias, Roberto Guyot, quien dispuso que fueran alojados por cuestiones de seguridad en la Comisaría 7ª.

Pero sin que se establecieran fehacientemente los motivos, y aparentemente sin orden judicial escrita, el domingo 19 de noviembre, Medina fue llevado de vuelta a la cárcel. Ahí recibió una feroz golpiza y dos días después fue atacado por el reo Alejandro “Pichi” Mendoza, en el patio de recreo del Anexo 1 de la cárcel.

Por el crimen, el ex titular del Institutos Penales, Guillermo Snaider, está acusado de haber cometido desobediencia judicial (no acató la orden de proteger a Medina, tal como lo había dispuesto el juez Guyot) y por incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que se considera que no investigó la tortura que sufrió Medina antes de ser asesinado.

También se encuentran imputados los integrantes del Sistema Penitenciario Pato, Cisterna y el oficial Claudio González, aunque este último goza de libertad, al igual que Snaider.