Noguera cuestiona a los jueces que pretenden investigarlo

La primera vez que se refirió públicamente a la denuncia penal por supuestos hechos de corrupción existente en contra suya y de la totalidad de los concejales, el intendente de Tafí Viejo manifestó que la presentación carecía de sustento y que iba a brindar la máxima colaboración a la Justicia. Días después, Javier Noguera pidió la nulidad de las resoluciones de los jueces correccionales Víctor Manuel Rougés y Marcelo Mendilaharzu, que, en su calidad de magistrados subrogantes del Juzgado de Instrucción en lo Penal N°5 de esta capital, autorizaron respectivamente la investigación de las autoridades taficeñas y la recolección de pruebas relativas a su evolución patrimonial. “(Los hechos) me colocan en una situación de indefensión”, dijo el dirigente justicialista.

En un escrito que lleva la firma del abogado Sebastián Herrera Prieto, Noguera planteó que sólo un juez de Instrucción podía emitir las resoluciones que dictaron Rougés y Mendilaharzu por pedido del fiscal de Instrucción N°4, Diego López Ávila. El intendente dijo que los jueces correccionales eran incompetentes porque, por imperio del artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, correspondía que el Juzgado N°5, que está vacante desde el año pasado por la jubilación de Mirta Lenis de Vera, sea cubierto transitoriamente con los otros jueces de Instrucción en funciones: Alejandro Tomas (N°1), Juan Francisco Pisa (N°3) y Víctor Manuel Pérez (N°4). Los magistrados mencionados, además de atender sus respectivos despachos, se turnan para subrogar el Juzgado N°2, que está acéfalo desde 2012 (el Poder Ejecutivo dispone de la posibilidad de cubrirlo desde marzo, pero aún no lo hizo).

Justamente Noguera sostuvo que no entendía por qué la Corte Suprema de Justicia de Tucumán había atendido la acefalía del Juzgado N°2 con sujeción a la ley y se había apartado de ella respecto del Juzgado N°5 que pretende investigarlo. “La Corte se convirtió en legisladora”, dijo (se informa por separado). El funcionario añadió que la especialidad y el conocimiento de un juez correccional (interviene en casos relativos a delitos de menor gravedad) distaba completamente de los de un juez de garantías, como lo es el de Instrucción. Y aseguró que la situación era grave porque él estaba protegido por fueros: “ese privilegio constitucional nunca podría ser afectado por una denuncia infundada, interesada y carente de pruebas”.

El proceso penal comenzó en junio en virtud de la presentación de Juan Antonio González, ex contador general de la Municipalidad, quien expresó que las autoridades taficeñas habrían percibido sumas en negro con periodicidad mensual desde que asumieron en sus respectivos cargos. La salida del dinero para sobresueldos se justificaría mediante la emisión de libramientos y recibos falsos desprovistos de la fiscalización reglamentaria. A partir de tal denuncia, Rougés decidió abrir la investigación jurisdiccional (proceso especial previsto para funcionarios con fueros) mientras que Mendilaharzu ordenó el levantamiento del secreto fiscal, financiero y bancario respecto de Noguera, y de los concejales Pascual Zamora (presidente), Carlos Araya, Alicia León, Raúl López, Juan Medina, Fátima Olea, Benjamín Terraf, Esteban Toledo, Martín Vaca, Josefa Segovia, Viviana Aguero y José Ernesto Juárez.