Veedores piden 15 expedientes pero todo pasa hasta febrero

El propósito de observar 33 causas en trámite en la Justicia de Tucumán comenzó a tomar cuerpo, pero los resultados recién empezarán a aparecer a partir de febrero. En el penúltimo día judicial hábil, Ana Colombres Garmendia y Juan Roberto Robles, letrados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, solicitaron el acceso a 15 procesos, 11 de ellos del fuero de familia y cuatro penales. Los casos de esta tanda inicial de pedidos están en manos de jueces o camaristas: para 2018 quedaron los pedidos de vista de las causas penales más sensibles desde el punto de vista institucional que controlan los miembros del Ministerio Público Fiscal a cargo de Edmundo Jiménez (ver “El conjunto pendiente”). La titular del Juzgado de Familia N°7, Rossana Martínez, fue la primera en contestar a los denominados veedores: les dijo que sólo mostrará los casos si una de las partes da su autorización para ello (se informa por separado).

Tal y como habían anunciado, Robles y Colombres Garmendia se dirigieron a los despachos judiciales inmediatamente después de entrevistarse con cuatro vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán: Daniel Posse (presidente), René Goane, Antonio Estofán y Claudia Sbdar. Los abogados de la Nación dejaron pedidos en los juzgados de Familia que encabezan Martínez (dos procesos); Orlando Stoyanoff (cuatro); Valeria Brand (tres) y Silvia Karina Lescano de Francesco (uno). También solicitaron un expediente en la oficina N°2 que está acéfala por la jubilación de Sylvia García Zavalía. Las denominaciones de los procesos de este grupo no se consignan para resguardar la identidad de niños y adolescentes.

Los veedores requirieron en paralelo el acceso a cuatro expedientes penales: “Pérez”, “Rigourd”, “Jorrat” y “Valdez”. A esos efectos, dejaron escritos en los Juzgados N°5 (acéfalo) y N°4, de Víctor Manuel Pérez, en la propia Corte y en la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción que integran Eudoro Albo y Enrique Pedicone. Todos ellos tienen un denominador común: formaron parte del lote de causas objetadas del ex fiscal Guillermo Herrera. Cercado por las denuncias relativas a su desempeño en esos y otros procesos, y un sumario administrativo, Herrera renunció para jubilarse en septiembre de 2015. Esos casos controvertidos tuvieron nulos o escasos avances desde entonces. La situación paradigmática es la de “Pérez”: la Justicia emitió cinco órdenes de devolución de $ 874.000 mal secuestrados por Herrera, sin conseguir aún la restitución del dinero (se informa por separado).

Zonas más permeables

Los escritos firmados por Colombres Garmendia y Robles contienen el mismo cuerpo: según el caso, varía la carátula y el destinatario. En el texto se presentan, piden permiso para compulsar las actuaciones y, eventualmente, para sacar copias. Religiosamente invocan el artículo 138 del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, digesto de aplicación supletoria, que autoriza a los abogados y procuradores a consultar cualquier caso (en la secretaría) aún cuando no intervinieran en él.

Como se preveía, los veedores empezaron la tarea que les encomendó Alejandro Collia, secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos, por aquellas zonas de los Tribunales que, en principio, estarían más dispuestas a mostrar su trabajo. Los casos de familia de interés de la Nación fueron, de hecho, afectados a una iniciativa de acceso a la información que desarrolló la Corte para contener a los manifestantes que instalaron una carpa azul al frente del Palacio de Justicia. Más allá de las previsiones, cada “director del proceso” ha de decidir si aceptará o no la veeduría, según los términos de la nota que el presidente del alto tribunal envió a Collia el 1 de diciembre. Esta misiva indica que, en caso de rechazo a la vista solicitada, los letrados de la Nación disponen de “vías recursivas”.

Después de meses de especulaciones, los veedores finalmente tocaron las puertas de la Justicia el 17 de noviembre. Con anterioridad, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación había practicado una vista en el caso “Lebbos”. Esta gestión derivó en el desplazamiento del ex fiscal Carlos Albaca, que en 2018 será juzgado por presuntos delitos cometidos durante los siete años en los que instruyó la causa. Tanto “Lebbos” como “Albaca” están incluidos en el listado de casos detallados por Collia.