María Jesús Rivero se topó en estas últimas horas con una acusación que podría generarle complicaciones procesales. Es que el abogado Pablo Rivera informó ayer que denunció en la comisaría de Yerba Buena, junto con María Cecilia Salazar, a la ex integrante de la Gerenciadora del Club San Martín por supuestas “lesiones y amenazas”.
Rivero fue condenada a seis años de prisión la semana pasada, entre 13 miembros del Clan Ale, al ser considerada culpable de haber integrado una asociación ilícita que habría lavado activos. Por estos días cumple prisión domiciliaria.
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“A las 19.30 de ayer (miércoles), se presentó en la casa de ella (por Cecilia Salazar) la señora María Jesús Rivero, acompañada de su madre, una mujer grande. Salazar vive en Diagonal Sur, en Yerba Buena. Ingresaron a la casa porque quería que firme un 08 de un auto taxi, que está a nombre de Cecilia Salazar. El vehículo trabaja en la capital (San Miguel de Tucumán)”, relató el letrado.
Rivera expresó que su defendida había reclamado un 50% de lo que “produce el taxi” y que sea “girado en concepto de alimentos”. “También que se fije cuota alimentaria por un hijo -Salazar fue pareja del hermano de Rivero-. Pero se presentó entonces para que firme un 08”, remarcó.
El letrado ratificó que la denuncia fue por supuestas amenazas y lesiones. “Yo también firmé la denuncia”, añadió. Además, manifestó que Salazar se presentó ayer ante un médico forense. “Hasta que la Policía no envíe la denuncia a Tribunales (fuero penal), no tiene número el expediente. Pero el médico forense, constató hoy las lesiones”, añadió.
Asimismo, el abogado adelantó que podría presentar un escrito mañana ante la Justicia Federal, “pidiendo que se revoque la prisión domiciliaria”.
En el entorno de María Jesús Rivero desmintieron el hecho y la acusación, e hicieron hincapié en que la mujer cumple prisión domiciliaria bajo custodia de Gendarmería Nacional.
Tras un año de debate, el Tribunal Oral Federal (TOF) condenó a 13 de los 16 integrantes del Clan Ale por haberlos encontrado culpables de haber integrado una asociación ilícita que habría lavado activos.
Los jueces Alicia Noli, Gabriel Casas y Domingo Batule confirmaron que el grupo formaba una banda que se dedicó a ingresar el dinero que provenía de actividades ilícitas como usura, explotación económica del ejercicio de la prostitución, extorsión y comercialización de estupefacientes. También se confirmó el arresto domiciliario hasta que la sentencia quede firme.