Un nuevo planteo complica el trámite del caso de Línea 11

Otro planteo ingresó a uno de los expedientes penales con mayor repercusión institucional. El escrito del fiscal Washington Navarro Dávila (N°5) pretende apartar al juez Enrique Pedicone de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción que ha de revisar una sentencia estratégica en la causa de la Línea 11. Ese fallo de agosto del juez Juan Francisco Pisa (N°3) anuló la actividad desplegada por el fiscal desde la interposición de la denuncia y lo desplazó del proceso que involucra a tres integrantes de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Horacio Castellanos, Salvador Ruiz -se jubiló el 1 de diciembre- y Sergio Gandur, y al padre de este último y miembro de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Antonio Gandur.

Navarro Dávila recusó a Pedicone justo cuando la Cámara de Apelaciones había decidido sumar a la magistrada penal Alicia Freindeberg para resolver el recurso pendiente (la tercera jueza del tribunal, Liliana Vitar, no interviene porque es cónyuge del fiscal). Según el impugnante, el magistrado incurrió en prejuzgamiento revelador de su falta de imparcialidad cuando, al definir un incidente previo de la misma causa, cuestionó una miniferia (declaración de días inhábiles) dispuesta por el titular del Ministerio Público y jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez. El fiscal N°5 manifestó que Pedicone incurrió en un exceso al expresar que Jiménez había violado la ley y la Constitución. La cuestión de la miniferia había sido introducida por el defensor Martín Gandur, hijo del camarista y nieto del vocal de la Corte, para cuestionar el cómputo de los plazos practicado por Navarro Dávila. En este incidente, tanto Pedicone como su par Eudoro Albo rechazaron la impugnación del fiscal.

Paso al costado

“Los jueces no tienen prerrogativas ilimitadas, sino que deben estar sujetos a la ley. Es imprescindible proceder al apartamiento del magistrado (Pedicone) por cuanto no puede seguir interviniendo sin lesionar la imparcialidad”, dijo Navarro Dávila. Y añadió: “cuanto menos hay que pensar que este se inclinará por mantener su posición inicial lejos de un estudio objetivo del caso. La complejidad de la causa y su ínsita gravedad institucional merecen que quienes tengan la posibilidad de resolver el incidente lo hagan dentro del más absoluto equilibrio. Esto ya no puede ser garantizado porque las circunstancias detalladas así lo demuestran”.

La interposición de la recusación incidirá en la prolongación del trámite que, en su condición de presidente de la Cámara, dirige Albo. Una semana antes, Gandur, vocal de la Corte, había presentado un pedido de pronto despacho arguyendo que la decisión era postergada ilegítimamente y que se mantenía una situación de “indefinición procesal”. A continuación, el denunciante Alberto Mihelj, de la empresa Leagas, dijo que Gandur no era quién para exigir celeridad porque no era parte en este caso.

En febrero, al denunciar a Castellanos, Ruiz y Gandur (h), Mihelj había sugerido que todos ellos habrían orquestado una maniobra delictiva para favorecer a Inverbus, empresa de transporte público de Oscar Alonso. Gracias a una medida cautelar dictada por Castellanos y Ruiz, esta compañía logró retener la concesión de la Línea 11 que el intendente Germán Alfaro había otorgado a Leagas. Según el denunciante, el vocal de la Corte habría contribuido en la operación mediante la selección de los jueces de turno en enero. Mihelj dijo que la firma Inverbus estaba ligada profesionalmente a los Gandur.

La causa penal de la Línea 11 estalló en mayo cuando Jiménez llamó a la prensa, y manifestó que el entonces presidente de la Corte estaba usando su poder para impedir la investigación de los hechos relatados por Mihelj y proteger a su hijo. El ex jefe del alto tribunal respondió entonces que Navarro Dávila lo estaba investigando a él pese a que carecía de facultades para hacerlo. Como consecuencia de este intercambio, el presidente del Colegio de Abogados de la Capital, Marcelo Billone, dijo que tanto Gandur como Jiménez debían dar un paso al costado. Tres meses después, Pisa emitió un fallo que acogió la posición del vocal de la Corte, pero que todavía no está firme. El desenlace pasa para 2018.