Yerba Buena: los expertos ven un riesgo de intervención

La normalidad institucional peligra en Yerba Buena como consecuencia de la disputa sin tregua con epicentro en el Concejo Deliberante. Si persiste el grado de irracionalidad alcanzado, el entuerto parece encaminado a la intervención prevista en el artículo 139 de la Constitución de Tucumán, según los constitucionalistas Dante Mirra y Arturo Lazarte. En una ronda de consultas, ambos advirtieron por separado que esta es la peor de las salidas posibles y que los concejales tienen en sus manos los mecanismos políticos para evitarla. El académico Rodolfo Burgos, por su cuenta, consideró acertada la posición que cinco de los nueve ediles en funciones adoptaron este jueves. Esa fracción tomó juramento a Rodolfo Aranda, quien pasó a ocupar la décima banca acéfala desde septiembre de 2016, y sesionó luego de que fracasaran cuatro convocatorias previas del intendente Mariano Campero.

La decisión de avanzar disparó nuevas judicializaciones e intensificó la sensación de caos (se informa por separado). De un lado quedaron los concejales afines a Campero: los peronistas Héctor Aguirre y Walter Aráoz, y los camperistas Javier Jantus, Marcelo Rojas y José Macome, y el propio Aranda, cuya integración al Concejo en reemplazo de Lisandro Argiró, funcionario de la Intendencia, es desconocida por la oposición. En la otra vereda están los integrantes de ese sector: Benjamín Zelaya, Lucas Cerúsico, Maximiliano García y Pedro Albornoz Piossek.

“El orden constitucional indudablemente se ve alterado en la llamada Ciudad Jardín”, observó Lazarte, docente de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Y añadió: “la tensión y el quiebre en la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo municipal y, en especial, el desorden que prima en el seno de este ultimo órgano colegiado son muestras elocuentes de que en la vida institucional y en la función pública de los representantes populares no está prevaleciendo el principio constitucional de cooperación. Este supone que los poderes públicos, al ser piezas claves de un mismo mecanismo, deben coadyuvarse para generar acciones de gobierno acordes a las necesidades de la población”. Frente a esta situación, Lazarte opinó que había tres alternativas: 1) que los concejales, en el ámbito de negociaciones y concesiones recíprocas propias de la labor política, se coloquen a la altura de las circunstancias y destraben por sí mismos la crisis institucional que los atraviesa; 2) dar intervención a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en virtud de la competencia que establece el artículo 141 de la Carta Magna Local y que refuerza el artículo 48 de la Ley Orgánica de Municipalidades, y 3) aplicar el instituto de la intervención, que debería alcanzar solamente al Concejo, opción prevista en el artículo 51 de ley mencionada. “Esta última medida, como es sabido, debe practicarse con suma prudencia por ser un remedio excepcional y de aplicación restringida. Es la menos conveniente de todas las vías de solución”, dijo.

El constitucionalista Mirra expresó que la coyuntura de Yerba Buena escapaba a la imaginación de los vecinos, y de los convencionales constituyentes de la Nación y de Tucumán. “Tampoco la hubiera imaginado Juan Bautista Alberdi, quien dijo que la patria local, la patria del municipio... será el punto de arranque y de apoyo de la gran patria argentina”, reflexionó. Mirra, colega de Lazarte y Burgos en la UNT, manifestó que el remedio no debía buscarse, en principio, en una intervención dispuesta por la Legislatura: “por el contrario, la voluntad constitucional para que se logre la autonomía municipal debe traducirse justamente en conseguir que la institución sanee sus propios conflictos”. El académico recordó que la experiencia intervencionista en nada mejoró el andamiaje del sistema: “en el juego de la democracia se debe ceder muchas veces para lograr un bien mayor. Los protagonistas de la crisis tienen esta oportunidad única”.

Burgos, profesor de la UNT y presidente de Canal 10, consideró que los concejales cercanos a Campero habían actuado correctamente. “Cuatro de los 10 integrantes del Concejo no pueden impedir el funcionamiento de ese órgano porque eso implicaría conferir a la minoría un poder superior al de la mayoría, posibilidad que choca contra la esencia de la democracia”, dijo. Y agregó: “es válido el proceder de los cinco concejales que, frente a la resistencia de cuatro, constituyeron el Concejo. Sucede que este órgano es juez de los títulos de sus miembros y, por ende, no puede sino ejercer esa función, sobre todo cuando un sector ha incurrido en alzamiento contra la voluntad soberana que eligió a lista de Argiró y de Aranda. Si este último no reunía los requisitos para asumir, la única posibilidad que había era llamar al candidato siguiente de la misma lista y, así, hasta cubrir la décima banca”.