El día D: comenzó la última audiencia del juicio oral contra el Clan Ale

El Clan Ale, la organización que sobrepasó a Tucumán y se hizo conocida a nivel nacional a partir de casos vinculados a tenencia de armas, asesinatos y negocios, enfrenta un nuevo fallo judicial. Un tribunal determinará si Rubén “La Chancha” y Ángel “El Mono” Ale eran líderes de una “asociación ilícita dedicada a “lavar activos” provenientes de actividades ilícitas, entre las que se sospechan, “captación de mujeres con fines de explotación sexual, narcotráfico, abuso y tenencia de armas de fuego o evasión fiscal”, según mencionaron las querellas.

Los miembros del Clan Ale no volvieron a la cárcel 

Pero antes de que se conozca la sentencia, los imputados tienen su oportunidad para defenderse de las acusaciones ante los magistrados del Tribunal Oral Federal (TOF), integrado por los jueces Alicia Noli, Gabriel Eduardo Casas y Domingo José Batule. Son 16 y los vocales les otorga 10 minutos a cada uno de ellos para que expresen sus últimas palabras.

"No me siento condenada porque soy inocente", dijo Rivero

En particular, los Ale fueron absueltos en muchas ocasiones por disposición judicial. Pero nunca, estos hermanos pudieron desligarse del mote de “banda que procedió como una mafia”, como lo había afirmado el ex gobernador Antonio Domingo Bussi en su pelea con esta familia, en 1992. Entonces, los remiseros que pertenecían a una empresa Ale habían intentado copar la Jefatura de la Policía.

Los hijos de Said Ale, quien había comenzado con un puesto en el viejo Mercado de Abasto, tuvieron constantes problemas con la ley. En 1973, Ángel había sido acusado por lesiones y desacato, pero luego fue sobreseido.

En 1980, los involucraron en el homicidio de Manuel Ismael, y estuvieron presos. O en 1987, Rubén fue acusado de asaltar un supermercado, pero terminó libre. En enero del 92, Angel Ale fue detenido con una pistola calibre 38 y fue multado por una contravención policial.

El "Mono" Ale: "soy una persona austera; nunca tuve grandes gastos"

María Jesús Rivero, ex mujer de Rubén Ale y una de las señaladas de integrar el Clan Ale afirmó en la edición de ayer que le “teme a toda la presión política que está ejerciendo la Unidad de Información Financiera (UIF)”. “Ellos y el Ministerio Público a lo largo de un año no pudieron probar las cosas de que se nos acusan. Nuestros defensores, pese a todas las trabas que tuvieron a lo largo del proceso, dejaron en claro nuestra inocencia. Afortunadamente nos juzga un tribunal que asegura transparencia”, añadió.

El fiscal Pablo Camuña, Martín Olari Ugrotte y Gabriel Merola, representantes de la Unidad de Información Financiera, y María Lucía Trabadelo y Mónica Molina, abogadas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), pidieron penas de entre dos y 30 años y multas de más de $ 300 millones por considerarlos integrantes de una asociación ilícita que lavaba los fondos de actividades ilícitas.

Por el contrario, los defensores de los 16 acusados pidieron que sean absueltos.

Atrás de este juicio oral también sobrevuelan otras causas más significativas y que estuvieron relacionadas a los Ale, como la muerte de Ramón Enrique Galván y Santos Pastor Aguirre, de los “gardelitos”, ocurrido el 31 de diciembre de 1986 y que llevó a Ángel Ale a pasar una par de años alojado en una comisaría.

Sentencias a favor y en contra de los Ale

La Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto el viernes pasado la libertad de los miembros del Clan Ale. La Sala II, integrada por los jueces Ángela Ledesma, como presidente, y los jueces Alejandro Slokar y Ana María Figueroa, como vocales, hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra la resolución que había ordenado la inmediata libertad de 12 de los imputados. La medida había sido dispuesta en pleno desarrollo del juicio oral contra los miembros de este grupo por supuesta “asociación ilícita”. Este fue uno de los últimos fallos judiciales que recibió este año algunos integrantes del clan.

Otra medida judicial fue la absolución de Ángel “El Mono” Ale y también de su hijo Eduardo Said Ale, de los cargos de lesiones, amenazas y abuso de armas de fuego. Ambos estaban imputados por haber amenazado, agredido con armas de fuego y lesionado al abogado Alfredo Aydar y a Ángel Silvestre, en el marco de una situación de reclamo de parte de Ale por anegaciones en un campo.

En 2011, Rubén Ale había sido involucrado por un caso de apropiación de una finca y de una cosecha de soja. El caso se había registrado en Los Pereyra, cuando un grupo de hombres armados entró a una finca y usurpó la tierra.