17 Diciembre 2017
Roberto Martínez Zavalía no titubea: las relaciones entre los concejales y los intendentes son, siempre, conflictivas. Y eso se debe -cree él- a que los ediles tienen poca visibilidad, que es lo que necesitan para hacer política. Por eso, se meten en temas que son del Ejecutivo, dice. “Necesitan generar estructuras para poner a la gente que los ayudó a llegar al poder”, razona.
Sus declaraciones se producen cuando se le pide que analice el vínculo entre el Concejo Deliberante de Yerba Buena y el intendente Mariano Campero, luego de un año de encontronazos. Martínez Zavalía gobernó el municipio entre 2003 y 2007. “Los concejales deberían ocuparse sólo de generar ordenanzas y de controlar. Esas son sus tareas”, añade.
Enseguida, aclara que sus dichos no se refieren al Concejo yerbabuenense, en particular, sino que alude a los parlamentos locales, en general. Sobre los vecinos de esa ciudad, en cambio, sí hace una referencia puntual. Afirma que lo único que les interesa es que les cobren pocos impuestos y les hagan la mayor cantidad de obras: “sin tener que pagarlas, obvio”.
Hoy, lo que hace ruido en el Concejo es la elección de sus nuevas autoridades. El 28 de noviembre se cumplió un año del mandato del radical disidente Benjamín Zelaya. Desde entonces, un quinteto integrado por los tres ediles cercanos a Campero y los dos peronistas del cuerpo exige que se convoque a votaciones. Pretenden promover la terna conformada por el justicialista Héctor Aguirre en la presidencia, el macrista Marcelo Rojas en la vicepresidencia primera y el también peronista Walter Aráoz en la vice segunda. Los acompañan los dos restantes de esa facción, José Macome y Javier Jantus.
En la vereda contraria, Zelaya y los otros radicales opositores al jefe municipal, Maximiliano García y Lucas Cerúsico, y el macrista Pedro Albornoz Piossek argumentan que no habrá llamado, debido a que la continuidad es legítima.
“Confiamos en la cintura política del vicegobernador, Osvaldo Jaldo. Se comprometió a intervenir para garantizar la institucionalidad. Hay una negociación. Estamos a la espera”, dice Aguirre.
Esa negociación involucra al legislador Ariel García, vicepresidente segundo de la Legislatura y conductor del cuarteto de ediles. García pretende retener el control del Concejo para sus aliados. Jaldo, en tanto, ve con buenos ojos que un peronista ocupe la presidencia, tal como ocurre con las conducciones de los concejos de los demás distritos gobernados por Cambiemos: San Miguel de Tucumán, Concepción y Bella Vista.
Miradas jurídicas
Pero mientras el poder dirime el poder, la institución tambalea. El abogado, constitucionalista y ex fiscal de Estado Benito Garzón considera que Zelaya ha sumergido al Concejo en la ilegalidad y en la inconstitucionalidad. Según él, hasta que no elijan a su nuevo presidente, será un Concejo de facto (“se encuentra en una completa antijuricidad”).
El letrado opina, además, que cuando se prescribe una conducta en forma clara, no es necesario recurrir a ninguna interpretación de la ley, sino atenerse a ella. “En este caso, la norma establece un comportamiento preciso”, añade, en alusión al artículo noveno del reglamento interno, que fija que las elecciones deben hacerse dentro de los 10 días anteriores al vencimiento de los mandatos vigentes y que las autoridades deben durar un año en sus funciones o hasta la elección de sus reemplazantes. La palabra “hasta” -prosigue Garzón- no implica una habilitación para no citar a votaciones.
Rodolfo Burgos es otro constitucionalista que arruga el ceño cuando se le requiere su opinión. Fundamentalmente, destaca que en un sistema republicano, la periodicidad en las funciones es la regla. “Si la norma indica que el presidente dura un año, no puede estar más. La expresión ‘hasta una nueva elección’ supone un período transitorio”, apunta.
Luego, afirma que, a estas alturas, el Congreso, la Legislatura y el resto de los órganos colegiados han elegido a sus dirigentes. El único que no lo ha hecho -repara-, es el de Yerba Buena. “Resulta evidente que no pueden obviar un trámite obligatorio. No recuerdo antecedentes de un alzamiento de estas características”, dice.
Experiencias pasadas
El peronista Roberto Carro gobernó Yerba Buena entre 1983 y 1987. “¿Sabe qué? Escriba que lo que ocurre ahora es lamentable. Invito a los concejales a que se pongan a trabajar. Para eso se les paga. No puede ser que no se reúnan”, expresa. Carro agrega que los parlamentos suelen ser conflictivos, debido a que en ellos confluyen diversos intereses. No obstante, cree que la situación del país les exige que prioricen la gestión.
El gobierno siguiente también fue asumido por un hombre de las filas peronistas: Enrique Juárez Dappe, quien estuvo durante esos cuatro años y entre 1995 y 1999, con un segundo período. “Créame que es difícil ser intendente de esta ciudad. Es más complicada, a veces, que la propia capital. Aún así, las de ahora son épocas mejores que las que tuvimos con Carro. Cuentan, al menos, con los sueldos garantizados”, compara.
Juárez Dappe estima que entre Campero y los concejales falta diálogo. Y como ejemplo de ello pone al caso de Rodolfo Aranda, el candidato camperista que reclama la banca que se encuentra vacía luego de que Lisandro Argiró solicitara una licencia para hacerse cargo de la Secretaría de Gobierno. “No hay motivo para que no lo dejen asumir. Escogieron el camino de la disputa. Y, desde entonces, han estado viendo quién tiene más poder. Les falta serenidad”, asevera.
Durante este período, el Concejo funcionó con una banca vacía, pues Zelaya y los ediles que le respondían no estuvieron de acuerdo en tomarle juramento a Aranda.
Esa disputa obligó a que se inmiscuyera la Justicia, incluso. En septiembre, los jueces Rodolfo Napoleón Novillo y Horacio Castellanos (Carlos Giovanniello había votado en disidencia) decidieron hacer lugar a la acción de amparo que había interpuesto Aranda. Y le ordenaron al Concejo que verificara si el denunciante reunía las condiciones requeridas para ser concejal. Los ediles que resisten presentaron, en vez, una denuncia en contra del aspirante y el titular del Concejo cuestionó el fallo.
Hubo otros hechos judicializados en este 2017, como la denuncia en contra de Campero por el cobro de un tributo de emergencia. También hubo sesiones escandalosas, como aquella en la que se entrometió el jefe de Gabinete, Manuel Courel, y acabó a las piñas con el padre del edil Aráoz.
Dice el politólogo Luis Karamaneff que, aunque algunos crean que las grietas son eternas, la política también es la capacidad de unir fragmentos que parecen irreconciliables. Las reglas de juego que se usan ahora -continúa-, son las mismas que se utilizaron siempre: negociaciones para distribuir cargos y cuotas de poder. Y es que -deduce- las diferencias no son profundas, en definitiva. “A los que antes ganaron, hoy les toca perder. Les ganan con las mismas armas que habían usado ellos. Les queda seguir jugando y construir una nueva mayoría. Esto es política; no una mala palabra”, sintetiza.
Campero llama a sesión
El intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, anticipa que convocará a los integrantes del Concejo Deliberante de esa ciudad a una sesión extraordinaria, en pos de que elijan, de entre sí, a sus nuevas autoridades. El llamado lo efectuaría, en principio, entre mañana y el martes, con la intención de que se reúnan antes del viernes próximo. Desde diciembre, el período ordinario de cónclaves se encuentra cerrado.
Además de la renovación, Campero anticipa que introducirá otros temas en el orden del día: las adecuaciones para el lanzamiento de la Guardia Urbana y para otorgarles un reconocimiento económico a los veteranos de Malvinas que hayan nacido o vivido los últimos 10 años en Yerba Buena. Este proyecto fue promovido por los ediles Pedro Albornoz Piossek, Lucas Cerúsico, Maximiliano García, Benjamín Zelaya, Walter Aráoz y Héctor Aguirre. El fin de semana, el camperismo negociaba con los peronistas para intentar introducir, también, la asunción de Rodolfo Aranda.
PUNTO DE VISTA
“Este proceder constituye un agravio constitucional”
Benito Garzón, constitucionalista
Antes de las elecciones provinciales de 2015, resultaba llamativo y promisorio que los concejales electos de Yerba Buena celebraran reuniones a días de asumir, para establecer lineamientos.
No obstante, ese proyecto de trabajo mancomunado se fue frustrando a medida que fueron aflorando desencuentros, ambiciones e intervenciones de factores políticos de afuera del municipio.
Debido a ese funcionamiento inadecuado, surgieron problemas que han afectado el normal desenvolvimiento de la vida institucional de esa ciudad.
Puede afirmarse que el conflicto actual ha sido originado por el incumplimiento inexplicable del presidente del Concejo, quien no ha convocado a una reunión para elegir a las nuevas autoridades de ese órgano deliberativo.
Esa falta de respeto a la Ley de Municipalidades y al propio reglamento ha producido la parálisis del órgano. Las consecuencias de esta falta de cumplimiento de las obligaciones del presidente son graves, y pueden sintetizarse del siguiente modo:
- Ilegalidad. Porque coloca a todo el cuerpo en la más completa antijuricidad. Se violenta la ley de municipios. Es ilegal llegar al fin del período de sesiones con un concejo acéfalo.
- Inconstitucionalidad. Este proceder constituye un agravio constitucional. Hasta tanto no se proceda a elegir nuevas autoridades, es un organismo de facto y esta anomalía puede significar la intervención por parte de la Legislatura. Un municipio sin concejo en regla constituye un peligro para todo el organismo, y para los habitantes.
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