“No hay mucho que cambiar” en el Instituto Provincial de Vivienda

El Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) tiene una nueva interventora: Noemí Ferrioli. La abogada fue la segunda autoridad de la repartición durante cerca de ocho años y ayer fue designada por el gobernador Juan Manzur para suceder Gustavo Durán., quien falleció la semana pasada.

“No he preparado nada. Tengo que seguir las pautas que me dé el gobernador. No hay mucho que cambiar”, respondió cuando se le preguntó si pensaba implementar algunos cambios durante su gestión. La funcionaria se mostró emocionada por el fallecimiento del ex interventor, con quien trabajó durante cerca de 14 años.

La asunción de Ferrioli en su cargo tuvo lugar en un acto en el que, según el propio Manzur, se “relanzó el Gobierno”. Además de la designación de una nueva interventora, se nombraron autoridades en diversos cargos, especialmente en el área vinculada a la Seguridad, que pertenecía al ex Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia.

El contexto

La nueva interventora asume en un momento en el que el Ipvdu está siendo investigado por las Justicia provincial y por el fuero federal. El 12 de julio, “Panorama Tucumano” (el ciclo televisivo de LA GACETA), transmitió un informe sobre presuntas irregularidades en la repartición.

Uno de los temas que se trataron fue el vínculo del funcionario Lucas Barrionuevo con los dueños de Marán SRL, constructora que recibió contrataciones directas del Ipvdu por cerca de $ 50 millones. Además, se transmitió una entrevista en la que el ex coordinador de la repartición, Miguel Jiménez Augier, afirmó que no tenía más ingresos que su salario como empleado del Estado. La Justicia provincial determinó que Jiménez Augier tenía medio millón de dólares y el gobernador decidió desvincularlo de su cargo. “Todos los funcionarios están a disposición de la Justicia. Cuando una persona no pudo justificar el aumento de su patrimonio, la separé del cargo hasta que aclare su situación”, recordó ayer a la mañana el gobernador.

Según fuentes judiciales cercanas a la fiscala Adriana Giannoni -a cargo de la investigación-, en el fuero penal se estaría analizando la posibilidad de imputar a ambos funcionarios por presunto enriquecimiento ilícito. “El mensaje es claro. Todo dentro de la ley y, si no lo hace, yo mismo iré a la Justicia a denunciarlo”, remarcó ayer el mandatario.

Este diario preguntó a Ferrioli acerca de las afirmaciones de Manzur. “Él está al tanto (de la causa judicial). Me ha dicho que actúe como tenga que actuar, me da libertad. Yo contesto todo lo que me piden (de la Justicia)”, relató la interventora.

Lo que se viene

También se le consultó si tenía pensado llevar adelante algunos cambios para evitar nuevas denuncias o acusaciones sobre supuestas anomalías. “No. Si la obra se ejecuta bien, si se lleva todo por los carriles normales, no tendría que haber pasado esto. No sé qué ha pasado”, respondió. “No tenemos más que Ley de Procedimientos (Administrativos), ley de Obras Públicas y con eso nos tenemos que manejar”, agregó la funcionaria, quien también aclaró que las nuevas adjudicaciones se están llevando a cabo a través de las correspondientes licitaciones.

Finalmente, la subinterventora adelantó que en la repartición están esperando que se concluyan los trámites legales para dar inicio a gran cantidad de obras. “Ahora se inicia un período de 1.000 obras que no fueron adjudicadas. Están en Buenos Aires a la espera de recibir el apto técnico y financiero”, comentó.