La Corte también ahorró millones por excedentes

La Legislatura ahorró $ 190 millones, producto de los remanentes de los últimos años; el Tribunal de Cuentas, $ 31 millones. Y el Poder Judicial, el tercer organismo habilitado para retener sus excedentes financieros, también logró un refuerzo millonario gracias.

Según información a la que accedió LA GACETA, la Justicia provincial alcanzó este año los $ 124 millones por ese concepto. La particularidad es que, sobre la base de la acordada 94/2011, que puso en marcha un programa de inversiones termporarias de fondos, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) es el único de los tres organismos estatales alcanzados por la ley 6.930 que mantiene sus ahorros en plazos fijos -el resto los guarda en una cuenta corriente, como prevé la norma-. Según ese instrumento, firmado en febrero de 2011 por Antonio Estofán (entonces presidente), Antonio Gandur, René Goane, Daniel Posse (actual titular) y Claudia Sbdar, la medida tenía el “objeto de mitigar en alguna medida los efectos de la desvalorización del dinero”.

Este diario consultó las cifras con altas fuentes de la Corte. Si bien aclararon que no tenían “a mano” los números exactos, consideraron que los montos señalados por LA GACETA eran “probablemente” acertados. Y advirtieron que todos los recursos están previstos para obras proyectadas a corto y mediano plazo, como la ampliación del Centro Judicial de Monteros, la construcción del edificio del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) y la modernización de la sede penal de Tribunales.

El destino de los excedentes financieros de la Justicia tucumana dio lugar a la acordada 1.313/17, del 7 de noviembre pasado.

A través de ese instrumento, rubricado por Gandur (aún era presidente de la CSJT), Goane (con su voto), Estofán y Posse (Sbdar no participó por estar de comisión), el alto tribunal resolvió “aclarar” que “el fondo extrapresupuestario del Poder Judicial, proveniente de Excedentes Financieros e intereses correspondientes a depósitos de estos en plazo fijo, está destinado, principalmente, a la adquisición de amoblamiento, hardware y accesorios para nuevos edificios y equipamiento asignado a las salas de juicios orales”.

Los magistrados también dispusieron que la Secretaría Administrativa eleve diversa información respecto de los recursos ahorrados, como un detalle de la conformación del fondo (“tipo de gasto no ejecutado del presupuesto anterior”), que deberá ser remitido al inicio del año; y un informe trimestral de los movimientos.

Según fuentes de la Corte, está previsto que entre 2018 y 2025 se lleve a cabo un plan de obras que rondará los $ 700 millones.

La Justicia, la Legislatura y el Tribunal de Cuentas pueden retener los sobrantes de un presupuesto desde 1999, cuando se aplica la ley de Excedentes Financieros. El cuerpo legislativo, de hecho, contaba con esta facultad desde los 60.

Se trata de un sistema que permite a esos órganos constitucionales ejecutar de manera discrecional sus ahorros. Por ejemplo, a inicios de 2016, la Legislatura tenía unos $ 30 millones en una cuenta corriente. Al finalizar ese ejercicio, obtuvo un refuerzo extrapresupuestario final de $ 190 millones.