Piden que los bienes secuestrados al Clan Ale se usen para luchar contra el crimen organizado

Al escuchar el pedido de condenas y de multas, los integrantes del Clan Ale parecieron un poco aliviados. Pero después, cuando les comentaron la letra chiquita del planteo realizado por el fiscal federal Pablo Camuña -que contó con la colaboración de Agustín Chit como fiscal ad hoc- debieron sentir un enorme peso en sus espaldas. Es que el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó tres medidas, si es que los acusados llegaran a ser condenados: que sean trasladados de inmediato al penal de Villa Urquiza; que los bienes incautados sean entregados a las fuerzas de seguridad y que a los cabecillas, Rubén “La Chancha” y Ángel “El Mono” Ale se los investigue para determinar si siguieron lavando activos desde 2013.

El más llamativo de los planteos fue el pedido de que todos los bienes secuestrados al Clan Ale sean entregados a las fuerzas nacionales y provinciales y a los organismos que se dedican a investigar estos delitos, como la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

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“Saludable costumbre”

“Se ha transformado en una saludable costumbre que esos bienes terminen en manos de los investigadores para que sirvan en las investigaciones de organizaciones de estas características”, indicó Gabriel Pérez Barberá, que está al frente de la Procelac, mirando fijamente al tribunal. Los jueces Alicia Noli, Gabriel Eduardo Casas y Domingo José Batule, anotaron la solicitud.

“Esta es una metodología en desarrollo, que se está utilizando a nivel nacional. Fundamentalmente, se están dando casos de decomisos en causas vinculadas al narcotráfico. Es una medida que recién se está utilizando y, desde mi punto de vista, puede ser muy provechosa”, destacó Camuña.

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Armas e inmuebles

En este caso están en juego, según consta en el expediente, 62 armas (que si no están en condiciones de ser utilizadas se solicitó su destrucción), 148 vehículos (entre camionetas, automóviles y motos), 46 inmuebles y más de $ 1,5 millón que fue incautado de las distintas cuentas bancarias que tenían los imputados. “Solicitamos que se afecten parcialmente estos bienes a las estructuras estatales provinciales y federales de lucha contra el lavado de activo, la criminalidad económica y el crimen organizado”, insistió Camuña durante el debate.

Los jueces deberán resolver acerca del planteo del fiscal. Si lo aceptaran, deberían definir qué hacer con los bienes. Los vehículos podrían ser otorgados a las fuerzas de seguridad o a los organismos para su utilización. El mismo destino podrían tener los inmuebles. Pero tampoco se puede descartar que se ordene su remate y que los fondos que se obtengan terminen siendo repartidos. La otra posibilidad es, por ejemplo, que una vivienda sea cedida a una actividad benéfica, como un refugio para víctimas de trata de explotación sexual.

Nuevas pesquisas

Sobre los hermanos Ale, considerados por todas las querellas como los líderes de una asociación ilícita que se dedicaba a lavar activos a través de actividades ilegales, no sólo pidieron condenas (de 13 a 20 años de prisión) y multas (desde $ 84 millones hasta $ 124 millones), sino que quedaron a un paso de ser investigados nuevamente.

En caso de que prospere el pedido efectuado por el Ministerio Público Fiscal, volverán a ser investigados por los movimientos económicos que se desarrollaron desde que fueron imputados hasta actualidad. En el juicio, según confirmaron fuentes judiciales, se han analizado los movimientos de su patrimonio desde 2011 hasta 2013.

También se solicitó que se suspendan las actividades de las empresas que los hermanos Ale manejan y que están a nombre de terceros, según se denunció durante las audiencias. Por ejemplo, “La Chancha” y “El Mono”, si es que prospera el planteo realizado por la fiscalía federal, deberán cerrar cuatro años las puertas de Cinco Estrellas SRL y Point Limits, respectivamente. Martín Olari Ugrotte y Gabriel Merola, representantes de la Unidad de Información Financiera (UIF), solicitaron la misma sanción, aunque por el doble de tiempo.

Paralelamente, el fiscal, como lo hicieron los otros querellantes, pidió la inhibición de los bienes de los imputados con el propósito de que se puedan cubrir las multas, que van desde los $ 228 millones hasta los $ 300 millones.